El estudio surge a raíz del accidente del 26 de enero en la autopista PR-22, en Vega Baja, donde varias personas resultaron gravemente heridas.

La Cámara de Representantes anunció que iniciará una investigación sobre las corridas ilegales de motoras en las carreteras del país, con el propósito de analizar los riesgos asociados, las estadísticas de accidentes y la efectividad de las sanciones vigentes.

La pesquisa se llevará a cabo bajo la Resolución de la Cámara 85, presentada por el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José Hernández Concepción, quien afirmó que evaluará la posibilidad de proponer nueva legislación para reforzar la seguridad vial y fiscalizar estas prácticas.

“La situación con estos vehículos es un viejo dolor de cabeza para las autoridades y constantemente se reportan accidentes, en algunos casos fatales o graves, asociados a su uso prohibido por ley. Es de mucha preocupación que estos actos en motoras están ocasionando crasos problemas en el tránsito vehicular, entre otros inconvenientes que alteran la paz de los ciudadanos”, expresó Hernández Concepción.

La resolución fue aprobada de manera unánime con 51 votos. La investigación abarcará las maniobras de alto riesgo, el exceso de velocidad y la alteración del orden público que ocurren durante estas corridas ilegales.

El estudio surge a raíz del accidente del 26 de enero en la autopista PR-22, en Vega Baja, donde varias personas resultaron gravemente heridas, presuntamente debido a la participación de motoristas en una corrida ilegal.

Datos de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reflejan un incremento en las fatalidades de motociclistas. Hasta el 30 de septiembre de 2024, se registraron 74 muertes de motociclistas en las carreteras de Puerto Rico, 20 más que en el mismo periodo de 2023.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha evaluado la posibilidad de exigir adiestramientos compulsorios para los infractores y endurecer las sanciones de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, equiparándolas a las penalidades impuestas por el regateo ilegal.

“Es imperativo evaluar la eficacia de las sanciones vigentes, la necesidad de enmiendas legislativas y la viabilidad de campañas de prevención dirigidas a la población joven, que representa el mayor porcentaje de infractores”, concluyó Hernández Concepción.