Bajo la Ley 166-2009, los convictos ya podían trabajar en espacios gubernamentales, pero ahora, tendrán mayores accesos al campo laboral como parte de su proceso de rehabilitación.

El Senado de Puerto Rico aprobó una medida que extiende a la población correccional la posibilidad de trabajar para el sector privado en áreas como el campo agrícola y la construcción y así poder reinsertarse poco a poco en el mundo laboral como parte de su rehabilitación.

El Proyecto del Senado 61 es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la senadora de Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve.

La aprobación de esta medida legislativa, enmienda la Ley 166- 2009, mejor conocida como la «Ley de Contratación de Confinados para la Realización de Diversas Tareas como parte del Proceso de Rehabilitación y Re-inserción a la Libre Comunidad».

Según la exposición de motivos, esta ley ya ayuda a que los confinados realicen tareas en el área gubernamental, pero ahora podrán tener más oportunidades en el campo laboral, ya que se «enfrentan importantes retos en el mercado laboral».

«Hay una escasez de mano de obra en varios sectores de la actividad económica, siendo los más afectados, la agricultura y la construcción. Esto amenaza los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de la economía de la Isla… aunque hay fondos disponibles para llevar a cabo la reconstrucción de Puerto Rico, hay necesidad de trabajadores para laborar en dicho sector», reza la medida.

Las enmiendas contenidas en el proyecto dictan que ahora el «Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) contará con el sector privado con o sin fines de lucro, para emplear a los confinados en servicios ofrecidos tales como: tareas agrícolas,ornato, construcción, ebanistería, tapicería, costura, soldadura, mecánica, imprenta, reciclaje y otros».

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La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, solicitó añadir otra enmienda en sala para que se garantice el pago a los confinados de acuerdo al pago mínimo estatal de Puerto Rico.

«Una vez se hace disponible esa mano de obra al sector privado, en atención al principio de igual paga por igual trabajo, debe constar y ser clara la intención legislativa, esa contratación tiene que ser en condiciones justas. En ese ánimo, propongo… incorporar… en el caso de contrataciones en el sector privado, se le garantizará a confinados el pago del salario mínimo estatal y otras condiciones de trabajo aplicables a la industria..», sostuvo Santiago Negrón.

El P de la S 61 también estipula que será el DCR quien coordinará con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para que se prepare un análisis de estudios e inventarios de plazas de trabajo disponibles en el sector privado.

«A veces se entiende que la población correccional no tiene destrezas o habilidades para realizar tareas y preferimos entonces buscar de entrada contrataciones privadas para brindar servicios…», expresó la senadora Roxanna Soto Aguilú.

El senado penepé Angel Toledo añadió que le consta los retos económicos que sufre la población correccional para poder aportar económicamente a su familia.

«Me consta… ellos hablaban precisamente de cómo a veces se le hacía imposible facilitarle a sus hijos un sustento digno. Me consta, no es anecdótico, es lo que escuché en la calle, es lo que me dijeron ellos mismos. Lo que quiere decir es que para ellos es importante poder participar activamente como un contribuyente al desarrollo de su familia. La gran mayoría de ellos reconoce que tiene una gran responsabilidad con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su madre y con otras tantas personas que dependen de que pueda trabajar. No me cabe la menor duda», apuntó Toledo.

Por su parte, la senadora Joanne Rodríguez Veve también tomó un turno para hablar de la medida.

«Este proyecto es relativamente sencillo y lo que persigue es la rehabilitación… Sin la posibilidad de insertarse en el campo laboral, las posibilidades de que ese ser humano vuelva a delinquir son altísimas y además, también de no poderse reinsertar en el campo del trabajo, si no llegase a convertirse en una persona que infringe la ley, con toda probabilidad terminará siendo una carga económica para el gobierno. Queremos evitar ambas consecuencias», indicó Rodríguez Veve.

El Proyecto del Senado cerró con 27 votos a favor. Ahora pasará a la consideración de la Cámara de Representantes.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo lunes.

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