En la primera vista pública en el Senado se presentó a deponer el sector religioso y legal, así como los departamentos de Salud y Educación.

Como era de esperarse, el proyecto de ley que busca que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico, tuvo opiniones encontradas en la primera vista pública que se llevó a cabo en el Senado para evaluar la medida.

El Proyecto del Senado 1, que es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en síntesis busca cobijar a todo ciudadano, incluyendo empleados y funcionarios por el estado y estudiantes, padres, tutores o encargados en el sistema público de enseñanza, así como pacientes en cualquier institución médico- hospitalaria y para adultos mayores, público o privado, bajo el derecho de libertad religiosa.

La medida también incluye que se vele por la libertad y derechos de aquellos individuos en los procesos de vacunación por medio de creencias religiosas.

De aprobarse la medida, se evitaría, además, que las iglesias u organizaciones con base de fe sean discriminadas por motivo religioso en servicios gubernamentales, concesión de permisos, acceso a fondos, materiales, propuestas y otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas.

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Tanto el Departamento de Salud como el Departamento de Educación (DE) avalaron en su totalidad la medida, describiéndola como una muy necesaria.

En el caso específicamente de Salud, la doctora Iris Cardona Gerena, explicó que coinciden con las enmiendas incluidas en el proyecto que determina que no se requerirá el «certificado de inmunización para la admisión o matrícula de aquel estudiante o niño preescolar que presente una declaración jurada» porque sus padres pertenecen a una organización religiosa o por enfermedades que no les permita al paciente vacunarse.

También estuvieron de acuerdo que los estudiantes que se acojan a estas exenciones no sean vacunados tampoco aún con la vivencia de una epidemia.

Avalaron de igual forma asegurar que los pacientes tengan la posibilidad de acceder a la asistencia de miembros del clero, capellanes, ministros o líderes religiosos cuando requieran acompañamiento espiritual en las instituciones de salud y en centros para la población de la tercera edad.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueña (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, cuestionó a la doctora Cardona sobre si esta medida abre la puerta para que un empleado de salud niegue dar servicios a un paciente de la comunidad LGBTQ +.

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«Si se convirtiera en ley este proyecto y un empleado del Departamento de Salud o algún proveedor recurriera a la sección cinco, artículo cuarto, que dice: el derecho de libertad religiosa comprende el derecho de actuar así como abstenerse de actuar, si alguien solicita no proveer algún servicio a una persona transexual, transgénero o cualquier otro caso en el que no quieran proveer un servicio que considera esa persona representa que afrenta sus creencias religiosas, ¿Cuál va hacer el procedimiento específico que seguirá el Departamento de Salud?», cuestionó la senadora.

«Aquí tiene que ocurrir el llamado acomodo razonable que se debe establecer bajo reglamento. Desde el punto de vista de los profesionales de salud, nosotros hacemos un juramento de servir y proteger la salud. Los servicios no se le niegan a nadie. El acomodo razonable se daría en funciones administrativas si alguien levanta su derecho, tiene que haber un reglamento…», contestó.

«¿Ningún proveedor podrá invocar una creencia religiosa de expresión de fe para negar servicios a las comunidades LGBTQ +?», insistió la senadora.

«Yo dudo mucho, yo no puedo poner mi cabeza por todos», contestó la doctora Cardona.

Por su parte, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, a pesar de que entiende que la medida tiene un fin loable, se sostuvo en que ya el derecho de la libertad religiosa existe.

«A veces cuando explicamos complicamos. Hay derechos que existen. La Constitución nuestra y la de los Estados Unidos, defiende el derecho fundamental a la libertad religiosa, punto, existe. Todos los puertorriqueños tenemos el beneficio de vivir en una democracia donde podemos exigir esos derechos y que el Estado está obligado a defender…», apuntó Hernández.

Cuando le tocó el turno al pastor Moisés Román Díaz, de la Fraternidad de Concilios Pentecostales (FRAPE), describió la medida como una que «viabiliza el respeto mutuo».

«Tomando en cuenta la necesidad de este proyecto de libertad religiosa en nuestro país, deseo compartirle las veces que he llegado a un hospital para visitar a un enfermo quebrantado emocionalmente por la incertidumbre de su enfermedad y en ocasiones he preferido reservarme el título de ministro evangélico y mencionar que solo soy un amigo de la familia del paciente porque hay más benevolencia por parte del hospital al amigo que al religioso que va a llevar esperanza», aseguró Román Díaz.

Tanto el Sínodo Presbiteriano Borinquén, como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, sometieron comentarios en contra de la medida, porque entendieron que el proyecto de ley tal como está redactado, pone en riesgo la salud pública y promociona la discriminación.

El Sínodo sugirió además no aprobar la versión actual del P de la S 1, promover un diálogo entre las comunidades religiosas para que se consigan soluciones que redunden en respeto a la libertad religiosa, en los aspectos de vacunación y la discriminación, así como que se aumente la educación sobre la responsabilidad cristiana hacia la salud pública.

En esta primera vista pública también se escuchó la postura de: Pastor Ottoniel Font, del Concilio Fuente de Agua Viva, el pastor Walter Santiago de Puerto Rico por la Familia, pastor José “Tito” Cabán de la Iglesia Avance Internacional, Rene Pereira de la Asociación Iglesia Bautista del Sur y Eric del Valle de la Iglesia Adventista de Puerto Rico.

Rivera Schatz cerró los trabajos de la sesión siendo enfático que el proyecto se va aprobar sí o sí aunque sufra algunas enmiendas, que tenían los votos para solo descargarlo sin celebración de vistas públicas, pero que prefirió abrir el espacio para que los sectores dieran su punto de vista.

También estará considerando posible enmiendas sugeridas en la vista pública por el sector religioso.

Adelantó, además, que la medida se estará bajando a consideración al pleno muy pronto y que solo le resta una vista adicional para culminar de escuchar posturas de otros sectores.

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