Esto según se desprendió en la vista pública y que contribuyó al cierre de múltiples centros de cuidado y hogares sustitutos para adultos mayores.

El Departamento de la Familia (DF), específicamente la Administración de Familias y Niños (ADFAN), levantó bandera sobre los desafíos que ha tenido para mantener una matrícula de empleados activa ofreciendo servicios a las poblaciones más vulnerables.

Eso de debe a demoras significativas en la expedición de certificados bajo la Ley 300, conocida como la «Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de Salud».

La ADFAN facilita la provisión de servicios sociales, educativos y preventivos tanto para la población de la tercera edad, como apoyo a familias con niños.

Las denuncias ocurrieron durante una vista pública bajo la Resolución del Senado 24 en manos de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social que preside la senadora Jamie Barlucea.

Según el DF, las demoras para emitir los certificados ha contribuido al cierre de múltiples centros de cuidado de larga duración y hogares sustitutos para adultos mayores, «coartando el acceso a servicios tan necesitados por esta población y limitando la capacidad operacional de estas instalaciones».

La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), también es otro de los departamentos bajo la sombrilla de Familia trastocado por las demoras.

La ACUDEN es responsable de administrar programa, federales como Head Start y Child Care and Development Fund para proveer servicios integrales de educación, salud y desarrollo social.

La senadora Barlucea preguntó cuántas personas se afectan con la demora en las certificaciones. Bárbara González, de ADFAN, respondió que “es una cantidad significativa”.

Detalló que la semana pasada, el proceso de renovación tuvo un aproximado de 84 licencias para atender adultos mayores y 42 licencias por asuntos con menores.

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Ya el designado secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, había asistido a una vista pública hace unas semanas y aceptó que el denominado “background check” a través de huellas dactilares demora en promedio de 15 días por el alto volumen de demanda a la solicitud, sin contar la lista de espera que fluctúa entre un mes y tres meses para lograr sacar una cita, provocando que muchos solicitantes pierdan su oportunidad de empleo.

La ley 300 fue la que facultó al Departamento de Salud para reglamentar el proceso de certificación.

Otra oficina del DF que está siendo trastocada es la Oficina de Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico, quienes tienen la autoridad para regular, supervisar y expedir licencias a las instituciones que brindan servicios a la comunidad infantil.

«El proceso de certificación requerido por la Ley 300 ha generado desafíos significativos para los componentes operacionales y programáticos del DF, particularmente ADFAN, ACUDEN y la Oficina de Licenciamiento. Estos desafíos han tenido un impacto directo sobre la contratación de personal, la provisión de servicios directos y el presupuesto asignado para atender esta población», expresó el DF.

Otro obstáculo que Familia identificó es la restricción en los métodos de pago para la toma de huellas dactilares, ya que la compañía privada (Biometrics4ALL) encargada del proceso, solo acepta pagos con tarjetas de crédito, limitando los métodos de pago a los solicitantes.

El precio para obtener el «background check» es de $70 aunque en la vista pública se denunció que se ha estado subiendo los precios sin justificación.

Por otro lado, la Asociación de Servicios a la Niñez (ASENI), describió el proceso como uno «largo, complejo y burocrático para la población que representamos».

ASENI agrupa alrededor de 525 instituciones entre públicas y privadas. En los pasados años el personal que labora en los centros de cuidado infantil rondan en los 6,500 empleados de los cuales atienden a una matrícula de 30,000 menores de 25,000 familias.

La asociación recomendó que se permita que cada patrono o individuo pueda tener la oportunidad de realizar el proceso de credenciales en la agencia o institución que entienda más beneficiosa.

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Denunciaron además los costos elevados, el acceso limitado y retrasos en el trámite por falta de cita, así como la falta de localidades que realicen dicho trámite.

La empresa privada encargada de canalizar para la toma de huellas, es la Biometrics4ALL que tiene el contrato actualmente con una extensión hasta el 30 de junio de 2025.

El Departamento de Justicia estuvo también de acuerdo con las demoras en el sistema y se comprometió a someter recomendaciones más puntuales una vez culmine el proceso de investigación en el Senado bajo la R de la S 24.

La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), la Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño y la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, coincidieron en que es meritorio que se hagan los ajustes pertinentes a la Ley 300 para que los servicios no se vean afectados.