El plan fiscal fue discutido ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

A tres meses de que la Asamblea Legislativa, por calendario, apruebe un presupuesto fiscal balanceado 2025-2026, el equipo de fiscal de Gobierno de Puerto Rico presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes una proyección para el nuevo presupuesto consolidado que asciende para el año fiscal 2026 a $32,591 millones.

Este monto se distribuye de la siguiente manera: $13,258 millones para el Fondo General, $5,147 millones para los Fondos de Ingresos Especiales y $14,186 millones en fondos federales.

El presupuesto fiscal 2024- 2025 consolidado fue de $33,280 millones.

En comparación con el año fiscal vigente, los fondos federales reflejan una reducción de $1,167 millones, atribuida principalmente a una disminución de $920.6 millones, de los cuales $1,100 millones corresponden a una baja en las apropiaciones no Distribuidas del Departamento de Vivienda y una reducción de $315.2 millones en los Fondos ESSER asignados al Departamento de Educación (DE).

Tanto la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) explicaron en la vista pública que la propuesta está acorde a los criterios ya presentados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por lo que adoptar y hacer ajustes en el presupuesto, no deben representar grandes escollos.

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El director ejecutivo de OGP, Orlando Rivera Berríos, sostuvo que, durante la evaluación del presupuesto, se tomó en consideración factores como implementación de la Fase II de la Reforma de Servicios Civil (CSR), los riesgos asociados a la nómina por la expiración o eliminación de fondos federales, vulnerabilidades en infraestructura, necesidad de modernizar sistemas y la necesidad de pareo de fondos federales, entre otras necesidades contempladas.

“El presupuesto propuesto para el año fiscal 2026 contempla inversiones en el área de familia, salud, educación, seguridad y modernización gubernamental a través de mejoras capitales, asegurando que las asignaciones presupuestarias respondan a las necesidades de nuestra gente y contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura del gobierno”, indicó Rivera Berríos.

El presupuesto propuesto presenta un aumento de $196 millones en comparación con el año fiscal 2025. Los factores principales por agencia que presentó el equipo fiscal en la audiencia pública para que se dé dicho aumento fueron:

La prioridad de la administración de la gobernadora, Jenniffer González Colón, según indicó el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, es asignar Vales Child Care por un monto de $15 millones. De acuerdo con la ponencia de las agencias fiscales, actualmente hay una demanda de servicios de cuidado infantil.

“La lista de espera asciende a 6,425 casos, de los cuales 48% corresponde a infantes y maternales (3,083 casos), una etapa crucial para el desarrollo infantil. Además de esto, los prescolares y escolares representan el 45% restante. La evaluación financiera y minuciosa realizada por esta administración concluye que es necesario eliminar la lista de espera de estos servicio”, reza el documento del presupuesto.

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Otros factores:

Aportación a los municipios

Tras la eliminación del Fondo de Equiparación que nutrió durante años las arcas municipales, el tema fue protagonista en la vista pública.

El dinero que se destinaba al fondo, surgía por medio de las remesas que se recogían a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Para este presupuesto, la partida para los municipios solo es de $51.8 millones.

Una cuantía que está por debajo de lo que requieren los ayuntamientos para poder estar a flote de forma recurrente este cuatrienio. Desaparecer el Fondo de Equiparación implicaría que algunos ayuntamientos cesen de brindar algunos de servicios a las comunidades más necesitadas.

La meta de la Asamblea Legislativa es conseguir $150 millones recurrentes para que los municipios se nutran a partir del 1ro de julio.

“No vi nada con relación a los municipios y quería saber si hay una distribución en el presupuesto para apaciguar un poco las grandes preocupaciones que tiene la gente, los alcaldes”, dijo la representante Gretchen Hau.

“El presupuesto 2026, incluye $51.8 millones destinados del Fondo General para los municipios. Reconocemos que tal vez no es lo suficiente, pero tenemos que mencionar que desde este año fiscal corriente hay todavía unos fondos presupuestados bajo nuestra custodia que representan para servicios esenciales (recogido de basura, salud a la población) de $40 millones”, contestó Rivera Berríos de OGP.

El director ejecutivo de la OGP añadió que hay otras iniciativas que no están contempladas en el presupuesto propuesto, pero que de lograrse algunos ajustes, podría significar un pote adicional de $100 millones para el beneficio de los ayuntamientos.

“Otro de los asuntos que se está trabajando es la política pública de la gobernadora de tener un pote rotativo con una cantidad de $150 millones que se está dialogando con la JSF para que se haga una de dos maneras: o se asigna de acuerdo a fórmula o se asigna de acuerdo a una solicitud por parte del municipio para obras específicas”, puntualizó Pedro De Jesús, asesor senior de AAFAF.

Cambios en la estructura contributiva

A pesar de que la Oficina del Censo de Estados Unidos reveló una tendencia demográfica preocupante para Puerto Rico, donde entre el 2020 y 2024 se experimentó una disminución de 82,579 habitantes, el secretario de Hacienda explicó en la audiencia pública que se ha visto un incremento de personas empleándose.

La razón se la atribuyó a la Ley 41 – 2021, para la implementación del Crédito por Trabajo.

«La base de contribuyentes que acceden al crédito por trabajo ha ido en aumento, por lo que la proporción del total de los contribuyentes que reciben el crédito por trabajo ha aumentado de 19% en 2019 a 56% en 2023», dijo el secretario de Hacienda.

«Dicho crédito, además, está sujeto a un ajuste anual por costo de vida. Aunque este beneficio no representa un programa de gasto en el presupuesto, representa un costo importante que requiere atención y evaluación. Esto para fines de determinar si dicho gasto es sostenible en el contexto de otras obligaciones del gobierno. Es crucial encontrar un equilibrio entre el apoyo a las familias vulnerables y el mantenimiento de una trayectoria fiscal sostenible», agregó.

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