El Departamento de Agricultura, el Departamento de la Vivienda y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) defendieron algunas gestiones, pero también reconocieron varios fallos.

Durante una vista pública de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, convocada bajo la Resolución del Senado 51, los jefes de las agencias a cargo de programas de recuperación agrícola rindieron cuentas sobre el estado actual de sus iniciativas.

El Departamento de Agricultura, el Departamento de la Vivienda y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) defendieron sus gestiones, pero también reconocieron fallos, limitaciones técnicas, exclusiones impuestas por entidades federales y retrasos en la ejecución.

Agricultura detalló dos subvenciones dirigidas a la industria pesquera local, bajo los programas CARES Act y Consolidated Appropriations Act.

Aunque se distribuyeron fondos entre cientos de pescadores, más de un millón de dólares quedó sin utilizar debido a las restricciones impuestas por NOAA. La agencia admitió haber fallado en ofrecer la asistencia técnica necesaria para que más personas pudieran beneficiarse de los fondos. Asimismo, reconoció dificultades de titularidad en propiedades públicas como las villas pesqueras, lo que limitó su capacidad de solicitar proyectos de infraestructura agrícola. La agencia tampoco pudo ofrecer información detallada sobre fondos delegados bajo el programa ReGrow, administrado por Vivienda.

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El Departamento de la Vivienda, por su parte, informó sobre tres programas financiados con fondos CDBG-DR y CDBG-MIT. El principal, ReGrow, recibió $163.5 millones para apoyar a pequeñas y medianas empresas agrícolas. Al 1 de abril de 2025, la agencia reportó haber desembolsado $136 millones a 1,817 empresas, aunque 333 casos aún están en revisión y otros 273 fueron declarados no elegibles por no cumplir con requisitos como estar al día con el Departamento de Hacienda o tener estructura formal.

Vivienda también resaltó que el programa SBF, enfocado en pequeñas empresas, otorgó cerca de $50 millones a 917 negocios agrícolas. En cuanto al programa más reciente, FER, lanzado en septiembre de 2024 con una asignación de $75 millones, su impacto aún está por medirse, ya que se encuentra en etapas iniciales. Este último busca instalar sistemas de energía renovable en instalaciones agrícolas, aunque impone requisitos técnicos y de certificación que pueden limitar su accesibilidad.

Mientras tanto, COR3 identificó sobre 50 iniciativas vinculadas a infraestructura que podrían tener un impacto indirecto en el sector agrícola. La oficina aclaró que, bajo los criterios de FEMA, ni las tierras agrícolas ni los frutos son elegibles para recibir fondos de recuperación, aunque las estructuras ubicadas en dichos terrenos sí pueden serlo.

Según datos provistos por COR3, el Departamento de Agricultura figura como subrecipiente de más de 30 proyectos que suman sobre $26 millones, incluyendo el Centro Agropecuario de San Sebastián y laboratorios en Dorado. Además, la Autoridad de Tierras es responsable de unos 20 proyectos adicionales, que incluyen estaciones de riego y centros agroindustriales en Santa Isabel, Salinas y Loíza. También se mencionaron obras municipales en villas pesqueras administradas por pueblos como Ponce, Arecibo y Maunabo, que aunque de menor escala, tienen relevancia para comunidades costeras vinculadas a la producción alimentaria.

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