El Proyecto del Senado 430 haría posible la construcciones de lugares, además de ser un refuerzo para las organizaciones sin fines de lucro.

El Senado le dio paso a una medida administrativa de la gobernadora, Jenniffer González Colón, que busca enmendar la «Ley de las Alianzas Público Privadas» para permitir la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones, con el propósito de albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica bajo el modelo de alianzas público privadas (APP) .

Este es el Proyecto del Senado 430 y la medida de administración A-015 de la gobernadora, donde también obtuvo un informe positivo de la Comisión de Alianzas Público Privadas que preside Thomas Rivera Schatz.

De acuerdo con la exposición de motivos, en el 2024 se reportaron 6,094 incidentes de violencia doméstica de los cuales 24 terminaron en asesinato.

A pesar de que existe la Ley 54 que procede casos de violencia doméstica, los casos de víctimas siguen incrementando en Puerto Rico.

«Un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro brindan servicios de apoyo moral, sicológico y económico a víctimas de violencia doméstica pero si limitación de recursos solo les permite ayudar a un número reducido de víctimas», reza la medida.

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«Por eso entendemos que mediante la creación de Alianzas Público -Privadas debemos insertar un nuevo elemento en nuestra lucha para erradicar la violencia de género. Se podrá dar énfasis a este tipo de contratos de alianza público privadas, así como agilizar los procesos para el establecimiento de este tipo de infraestructura», agrega el proyecto.

Este proyecto también incluye que dentro del Comité de Alianzas será incluido la procuradora de las mujeres, el alcalde y el secretario del Departamento de Familia, para discutir la construcción relacionada a estos fines.

El proyecto cerró con 20 votos a favor y seis en contra.

Solicitan que se devuelva proyecto que prohíbe que menor cambie su sexo biológico

Por otro lado, el Senado solicitó que se devuelva de Fortaleza el Proyecto del Senado 350 que crea la «Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico» con el fin de prohibir prácticas médicas para modificar el cambio de sexo de los menores de edad.

Fue durante la sesión celebrada del martes que se aprobó el mismo sin especificar el propósito.

El Proyecto del Senado 350, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve, estipula que «los menores de edad, al no haber alcanzado aún la madurez emocional, cognitiva y física necesaria, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que puedan tener consecuencias irreversibles».

«Es deber del Estado velar por su bienestar integral, protegiéndolos de decisiones que puedan afectar su salud a largo plazo, especialmente cuando esas decisiones involucran cambios irreversibles en su anatomía y biología. Reconociendo los riesgos físicos, emocionales y psicológicos asociados a dichos procedimientos, se prohíbe el uso de recursos públicos para financiar, promover, asistir o avalar intervenciones que alteren de manera permanente la biología de los menores bajo el pretexto de una transición de género», agrega la medida.

Por tanto, el proyecto de ley prohíbe las intervenciones médicas y las instituciones públicas o privadas que reciban financiamiento público no podrán destinar fondos a estos procedimientos.

El Departamento de Educación (DE) y el Departamento de Salud, bajo este proyecto, tendrían la encomienda de desarrollar programas de educación y sensibilización dirigidos a la comunidad, a los padres, tutores y profesionales de la salud sobre los riesgos asociados con las intervenciones médicas y quirúrgicas para la modificación del sexo en menores de edad.

Mientras, el Departamento de Justicia tendría la potestad de investigar y sancionar aquellos que violen esta ley. La persona que viole la ley sería sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años.

Si el caso es con un profesional de la salud, también se le revocaría la licencia profesional y si la persona es una persona jurídica, será sancionada con una multa de $50,000 por violación y se le revocarían todas las licencias y permisos de operación.

Este proyecto ha sido criticado por organizaciones como la Federación LGBTQ+, ya que lo cataloga como una medida discriminatoria.

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