La idea es que paguen por un canon anual como autorización para el uso de terrenos públicos por un término de 20 años.

A pesar de que estaba en la agenda del día en la sesión de la Cámara de Representantes, se dejó sobre la mesa sin explicación el proyecto ambiental controvertible que ordena regular y reglamentar el uso y operación de residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero de dominio público en La Parguera.

El Proyecto de la Cámara 269, que es un proyecto de administración, estuvo contenido en el calendario de órdenes especiales del día y se solicitó dejar para un turno posterior.

La problemática de esta medida se intensifica desde la controversia que vincula a la gobernadora, Jenniffer González Colón, ya que sus suegros cargan un caso -que fue archivado por el actual secretario del DRNA-, por construcción ilegal y daños ambientales en La Parguera.

Trasfondo del proyecto

Con esta medida, se les requerirá cobrar una licencia o canon anual por el uso de los terrenos públicos y de agua que ocupen a partir de la vigencia de esta ley.

Las residencias están sujetas a cánones por el uso de la superficie por un término de 20 años y sujeto a renovación al culminar el periodo. Mientras, los cánones se podrán cobrar entre un 5% y un 10% mayor a lo cobrado por el DRNA a las marinas y muelles.

Estas estructuras deben cumplir con los reglamentos y la prevención de contaminación y de no cumplir, se podrá prohibir el uso de la propiedad así como requerir remoción del litoral costero.

Este proyecto también permite reparar las estructuras, pero quedaría prohibido hacer nuevas obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura.

El DRNA además «ordenará a los propietarios afectados, so pena de una sanción administrativa de hasta $1,000, para que presenten ante dicho Departamento certificaciones juramentadas por un ingeniero o agrimensor, con licencia para ejecutar la profesión en Puerto Rico, sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero en terrenos de dominio público y las aguas del poblado de La Parguera del Municipio de Lajas».

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La extensión de dicha zona «comprenderá todas las estructuras ubicadas en terrenos de dominio público de la zonas marítimo terrestre y las aguas en el litoral costero del Poblado de La Parguera desde Cayo Bayo hasta Punta Papayo. La definición de estos puntos la determinará el DRNA».

El DRNA tiene que, además, promulgar reglamentación a tenor con lo dispuesto en esta Ley dentro de seis meses de su aprobación.

Avalan medida relacionada a la erosión costera

Mientras, sí se dio luz verde al Proyecto de la Cámara 281 que enmienda la Ley Orgánica del DRNA para conferirle autoridad legal al DRNA para intervenir sin solicitud previa en situaciones de emergencias relacionadas con la erosión costera.

Según la exposición de motivos «es indispensable que las entidades gubernamentales que ejercen la vigilancia y conservación del entorno costero de la isla cuenten con suficiente autoridad legal para tomar las acciones de emergencia que entiendan necesarias para evitar la perdida de nuestros recursos naturales. También deben contar con los poderes necesarios para aprobar cualquier acción inmediata conducente a impedir la destrucción de propiedad y la perdida de vida humana, incluyendo la potestad de implementar soluciones temporeras. Mas importante aun, precisa que estos poderes y facultades puedan ser utilizados e implantados aun cuando no hayan sido solicitados por un ciudadano particular o los municipios».

De ser convertido en ley, el DRNA deberá adoptará normas y reglamentos en un periodo no mayor de 60 días.

Este proyecto de ley se aprobó con 47 votos a favor y cuatro en contra.

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