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Legislatura

Senado avala medida que congela el impuesto al inventario por un término de dos años

La medida legislativa en su inicio lo congelaba por cinco años.

Senado de Puerto Rico
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

El Senado le dio paso en la tarde noche de ayer, martes, a la medida que congela el impuesto al inventario por los próximos dos años.

El Proyecto de la Cámara 420, que es una medida de la administración de Jenniffer González Colón, estuvo contenido en el tercer calendario de discusión, fue aprobado con enmiendas, por lo que tiene que regresar a la Cámara de Representantes para que concurran con los cambios introducidos.

En un inicio, la medida congelaba el impuesto al inventario por cinco años, pero fue enmendado para que fuera solo para un término de dos años.

La medida legislativa, enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para que específicamente "se fije para los años fiscales 2025 al 2027, la imposición contributiva sobre el valor del inventario y de la tasa de contribución vigente para el año 2025-2026".

De acuerdo con la exposición de motivos, el impuesto al inventario es una de las distintas fuentes de ingresos para los municipios, pero, ya que ya se ha denunciado que cuando se tiene mercancía almacenada se requiere un pago por ellas, a pesar de que los productos no se han vendido, lo correcto para esa nueva administración, es remediar el asunto por un tiempo.

"Este impuesto tiene el efecto directo sobre la inflación en el bolsillo del consumidor puertorriqueño. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que sus ingresos son una fuente de recursos para que los setenta y ocho municipios puedan ofrecer servicios directos a nuestra gente. Por tal razón, entendemos que necesitamos buscar alternativas que provoquen un verdadero balance, los recursos que necesitan los ayuntamientos para satisfacer las necesidades de nuestra población, pero sin que la imposición afecte la disponibilidad de bienes y servicios para nuestra ciudadanía", reza la medida.

Por tanto, este proyecto de ley, congela en los próximos dos años la responsabilidad contributiva a los comerciantes con respecto al área del impuesto de propiedad de bienes muebles.

La medida establece que la imposición contributiva "sobre el valor promedio anual se fijará a base de la valoración de inventario reportada en su planilla de contribución sobre la propiedad radicadas para los años contributivos 2022, 2023 y 2024 y de la tasa contributiva vigente para el año fiscal 2025-2026".

Además, los fabricantes, comerciantes o negocios que al 1 de enero de 2026 no hayan pagado contribuciones de propiedad mueble sobre sus inventarios, por tratarse de nuevos fabricantes, que lleven menos de tres años pagando contribuciones de acuerdo a lo establecido en el Código Municipal.

Una vez los comerciantes hayan alcanzado al menos tres años de estar pagando contribuciones de propiedad mueble sobre sus inventarios, éstos valorarán sus inventarios en el cuarto año.

De convertirse en ley esta medida, el director ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), tendrá que adoptar un reglamento, no mayor de 60 días a partir de la vigencia de esta Ley y la ley comenzará regir 90 días después de su aprobación.

La votación cerró con 22 a favor y seis en contra.

Historia relacionada: Cámara de Representantes dio luz verde para la congelación del impuesto al inventario

Dejan en el tintero medida legislativa

El Senado dejó para asuntos pendientes, o sea, en el tintero, la medida legislativa para establecer la "Ley Keishla Madlane " que establece que constituirá como asesinato en primer grado, si le provoca la muerte a una mujer embarazada y como resultado, también muera el concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

El Proyecto del Senado 3, que es de la autoría de los senadores Migdalia Padilla Alvelo, Joanne Rodríguez Veve y Jeison Rosa Ramos también establece que si la agresión contra la mujer resulta en el asesinato del feto, pero la mujer embarazada sobrevive, también se considerará un asesinato en primer grado.

Esta medida legislativa fue radicada después de uno de los eventos más trascendentales en Puerto Rico, cuando la joven Keishla Madlane Rodríguez Ortiz, que estaba embarazada, fue asesinada el 29 de abril de 2021 en manos del boxeador, Félix Verdejo, entre otros colaboradores.

Periodista con más de ocho años de experiencia en los medios de comunicación de Puerto Rico, enfocada en los temas legislativos y políticos.