Clarificó en conferencia de prensa que la intención era regular unos cargos impuestos en las facturas.

La gobernadora Jenniffer González Colón todavía no está segura si convertirá en ley el proyecto que tanto ha sonado referente a un posible aumento al servicio de los celulares, pues entiende que la aprobación se llevó a cabo de manera expedita.

Proyecto del Senado 615, que fue radicado a petición de la Federación de Alcaldes, no tuvo vistas públicas y pasó el cedazo tanto del Senado como de la Cámara de Representantes sin hacer ruido.

La propia Federación insistió en una entrevista con NotiCel que el proyecto lo que hace es fiscalizar aquellas compañías que no han pagado sus impuestos al Estado correctamente gracias a que en la ley 107-2020, mejor conocida como el Código Municipal, no tiene definido el término “canal de voz”.

El líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, denunció en una conferencia de prensa que el mismo proyecto fue radicado en dos ocasiones por la gobernadora cuando era legisladora en la Cámara de Representantes. Sin embargo, González Colón, aseguró que los proyectos mencionados no guardan similitudes con el actual.

«No es lo mismo. El proyecto que radiqué en el pasado, lo radiqué dos veces y aquel proyecto que radiqué era porque cada vez que usted recibía su factura mensual de su celular, le aparecía un cargo que no estaba legislado, que no era una imposición contributiva del Estado. Como legisladora, con el representante Jorge Colberg, radicamos la medida para ponerle un freno para que las compañías no estuvieran pasándola a los consumidores un cargo no legislado», se defendió González Colón.

Según la gobernadora, sus proyectos nunca fueron dirigidos a imponer nuevos cargos a canales de voz ni a la tecnología.

«Ahora, el P de la S 615 en que puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas con enmiendas al Código Municipal y las discutidas con el presidente de la Federación de Alcaldes, impone unas definiciones sobre lo que son canales de voz, implicaciones de celular, acceso al internet y esto es un tema altamente regulado por el gobierno federal», sostuvo González Colón.

La medida establece la definición de canales de voz como «líneas telefónicas, códigos de acceso, redes móviles, troncales, tecnología de conexión de datos en cualquier formato, género y aplicaciones, incluyendo, transmisión de la voz, datos análogos, digitales o facsímiles; líneas análogas u otras similares del ámbito de la telecomunicación, que permiten realizar llamadas y la transmisión de voz, audio y datos entre dos o más personas, dispositivos o sistemas».

«Incluye, además, los elementos de postes y accesorios relacionados (bajantes, anclas); los cables en sus diferentes ambientes (aéreo, enterrado, soterrado) junto a sus estructuras asociadas (alambre mensajero, terminales, corridas de conductos y registros); antenas y sus estructuras relacionadas, gabinetes de interconexión; bobinas y repetidores; terminales de equipo de ganancia de pares; entre otros», reza el proyecto.

«El Tax Freedom Act que los estados y territorios le impongan cargas contributivas por acceso a datos a telefonía o a canales de voz. Eso está reglamentado a nivel federal. Puerto Rico no puede venir a decir que va a meter un tax a las llamadas o un tax a los mensajes de texto o al acceso al Internet. Eso es campo ocupado a nivel federal», agregó la gobernadora.

A pesar de estos posibles desaciertos de la medida aprobada, González Colón, reconoció que no hay uniformidad en el cobro de las compañías de telecomunicaciones.

«Pero las definiciones que se incluyen en ese proyecto, son demasiadas amplias y pudieran entenderse que va haber unos impuestos adicionales. Así que, me mantengo revisando la medida. Todo lo que represente un impuesto a la gente, no lo voy a firmar», puntualizó.

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