Encaminada solicitud para conocer cuánto pagó el pueblo de PR por demanda contra senador Gregorio Matías
El Departamento de Justicia y el senador Matías tienen que decir por qué el acuerdo de 2009 no debe ser publicado.
El juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, concedió al Departamento de Justicia hasta el 20 de octubre para que indiquen por qué debe permanecer confidencial un acuerdo de 2009 mediante el cual se resolvió una demanda por violación de derechos civiles que un ciudadano sometió contra el entonces oficial policíaco, hoy senador, Gregorio Matías Rosario.
Tanto Justicia como Matías Rosario deben plantear sus razones por las cuales “los términos de la transacción no deben ser hechos públicos, más aún cuando la transacción fue pagada con fondos públicos”, ordenó Gelpí ayer en respuesta a una moción que radicó el periodista que firma esta nota para solicitar acceso al acuerdo del 2 de abril de 2009 que fue radicado de forma confidencial.
El ciudadano dominicano Ignacio Santos Rosario radicó la demanda en noviembre de 2006 después de que en agosto de ese mismo año Matías Rosario lo tiroteara dos veces en la pierna derecha y de que un grupo de policías a los que Matías Rosario había convocado al lugar lo apalearan en el piso. El incidente comenzó cuando Santos Rosario entró a una barra de Río Piedras en la que estaba el oficial Matías Rosario haciendo expresiones racistas y xenófobas contra la comunidad dominicana. El ciudadano le pidió al policía que mostrara más respeto pero Matías Rosario lo enfrentó, lo persiguió y desató el incidente de abuso que fue uno de los que el Departamento de Justicia federal presentó en septiembre de 2011 como justificación para someter a la Policía al proceso de monitoreo y reforma en el cual todavía está inmerso.
Santos Rosario pidió una compensación de $3.5 millones, pero el caso nunca llegó a juicio debido a la transacción confidencial que se acordó en 2009.
En la moción radicada ayer mismo para pedir la divulgación del acuerdo, la licenciada Judith Berkan argumentó que la confidencialidad del acuerdo no se justifica por varios motivos. Esto incluye que se usaron fondos públicos en la defensa de Matías Rosario y en la transacción; que la demanda tiene que ver con actos de brutalidad cometidos por un funcionario público; que hay un interés público en conocer datos pertinentes de un senador que también es candidato a la reelección; que la transacción fue radicada sin establecer las razones por las cuales se hizo de manera confidencial; y que los ciudadanos tienen un interés en conocer los procesos y documentos judiciales.
Berkan, quien es la autora de un artículo académico sobre los problemas éticos y de política pública que pueden provocar las transacciones confidenciales, enfatizó también al juez que en la esfera federal se le prohíbe al gobierno suscribir acuerdos judiciales confidenciales; que ha sido común en la jurisdicción de Puerto Rico que los acuerdos en casos donde el gobierno es demandado, incluyendo los de brutalidad policíaca, se someten de manera confidencial; y que un estudio de 2004 sobre acuerdos confidenciales sometidos ante los tribunales federales, arrojó que en Puerto Rico se sometían acuerdos confidenciales en el 3.28% de los casos civiles cuando el promedio en todo Estados Unidos era de menos de 0.5% de los casos.
Luego de la transacción, Matías Rosario permaneció en la Policía y había alcanzado el rango de teniente cuando en mayo pasado el Partido Nuevo Progresista lo certificó como “candidato único” para llenar una de las vacantes en el Senado y luego en las primarias, como parte de una plancha con la que se identificó el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, quedó en la segunda posición de más votos entre los precandidatos a senador por acumulación.
Para ver la moción sometida para solicitar acceso a la transacción en la demanda contra Matías Rosario, pulse aquí.