Si se aprueba el impuesto al inventario, el CRIM tiene que gastar aproximadamente $300 mil para habilitar el sistema de planillas de contribución sobre la propiedad mueble y para eso, no hay dinero asignado.

La congelación del impuesto al inventario por cinco años, que se está evaluando en la Legislatura, a pesar de que crearía un alivio a los comerciantes, lo cierto es que para los municipios no resultará en un apoyo económico, sino todo lo contrario.

El impacto según Reinaldo Paniagua Látimer, director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), será "neutral" ya que aseguró que los gobiernos municipales avalan el proyecto de administración simplemente por ser colaboradores de los comerciantes.

El Proyecto de la Cámara 420, medida de administración, tiene como objetivo principal establecer un alivio contributivo temporero, congelando las tasas impositivas para los años fiscales 2024 al 2028. Este periodo ayudará a permitir evaluar mecanismos para que luego pueda servir de sustituto del impuesto al inventario, mientras se preserva los recaudos para los municipios.

Según datos del año 2020, el impuesto al inventario representa aproximadamente sobre $300 millones de recaudos para los municipios.

Según Gabriel Hernández Rodríguez, alcalde del municipio de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, la implementación de este proyecto provocará "modificaciones sustanciales en el sistema de programación para habilitar el sistema de Planilla de Contribución sobre la Propiedad Mueble y en el ámbito administrativo, conllevaría gastos adicionales".

De acuerdo con lo trascendido en la vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, eso conllevaría un gasto inicial de $300,000 aproximadamente que no deberían salir de las arcas municipales.

Sin contar que con la congelación del impuesto al inventario, los municipios dejarán de recibir sobre los $300 millones que se recaudan gracias al impuesto.

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"La única manera de asumir este costo (de los $300,000), es de la remesas que le enviamos todos los meses a los municipios, sacarlo de ahí. O sea, que al perjudicado aquí le estas cobrando por quitarle este ingreso, no es justo. Sin embargo, la gobernadora y el presidente del Senado se han mostrado abiertos a que esto se incluya en el proyecto (del presupuesto) y tengo razón para pensar que la Junta de Control Fiscal va a estar de acuerdo porque estamos en un presupuesto de mil millones de dólares, que $300,000 o $400,000 no creo que hagan un boquete a nadie", expresó en un aparte con la prensa, el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer.

El director ejecutivo del CRIM, fue enfático en que esta medida no es una propuesta de los gobiernos municipales y que solo han endosado el proyecto por ser un ente de apoyo de los comerciantes que también le generan ingresos a los municipios.

"Los municipios no están proponiendo esto, están aceptando que se discuta. Si le preguntas a los municipios, ellos se pueden quedar con el estado de derecho actual... Algo se va a quedar en la mesa. Los municipios ya han ido perdiendo con la eliminación de todas estas transferencias del Estado, pero han reconocido que en una negociación algo se va a perder y esperamos que todas las partes envueltas hagan ese mismo reconocimiento y entiendan que para poder ponernos de acuerdo y buscar una solución permanente a esto va a haber consenso", agregó.

"Congelarlo a cinco años con un promedio de recaudos de los últimos cinco años, el resultado de esto es casi neutro porque si tú sacas un promedio de los últimos tres años... Tiene que haber un balance aquí que no se vean severamente afectadas las finanzas de los municipios, a la vez que se atienden al reclamo justo de los comerciantes", indicó.

Los municipios solo tendrían con este proyecto, el beneficio de que se liberen $66 millones que están incluidos en este proyecto de ley.

El presidente de los alcaldes federados, sugirió al Senado que en el proyecto se incorpore un lenguaje sobre la asignación de fondos para el financiamiento de esta medida. En otras palabras, que se establezca claramente que los aproximados $300,000 que necesitan, serán sacados, por ejemplo, del presupuesto del país.

"Recomendamos que el Gobierno Central identifique fondos para sufragar dichos gastos. Como es de conocimiento del CRIM se nutre del 5% del recaudo sobre la contribución de la propiedad. A estos fines, recomendamos que se puede contemplar, entre otras asignaciones presupuestarias, los $66 millones del Fondo de Consolidación Municipal, los fondos no comprometidos asignados a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), cualquier otra reasignación o del presupuesto 2024-2025 o para el entrante...", destacó Hernández Rodríguez.

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En la audiencia pública, también se trajo a la mesa, las alternativas para conseguir la sustitución del dinero que se dejaría de devengar con la congelación del impuesto al inventario.

"Han surgido alternativas que eliminan lo que fue el reclamo original y que creo que es correcto, que es que si tú vendes mangas hidráulicas, tuercas o gomas de carro y no vendes el inventario completo, todos los años tienes que volver a pagar un impuesto por ese artículo que no vendiste; y una de las alternativas es trabajar en vez de a base del inventario de almacén, que sea a base del inventario vendido", sostuvo Paniagua Látimer.

"Esto lo que busca es eliminar la recurrencia del pago de ese impuesto porque yo creo que es injusto que lo paguen si no lo vendiste. Eso es castigar al comerciante. No pagarías hasta que vengas el artículo", es una de las recomendaciones que hay sobre la mesa, concluyó.

Este proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y de ser aprobado en el Senado sin enmiendas, iría de inmediato a la consideración de la gobernadora para convertirlo en ley.

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