Tal y como NotiCel lo había anticipado, cuatro parejas del mismo sexo se unieron a la demanda que dos mujeres presentaron en el Tribunal Federal de Puerto Rico para que se reconozca la igualdad de matrimonio en la isla.

Se trata del recurso legal que la activista gay, Ada Conde, radicó junto a su esposa, Ivonne Álvarez, el 25 de marzo del año en curso para que el gobierno de Puerto Rico reconozca su matrimonio en Massachusetts, Estados Unidos.

La demanda, que fue enmendada y radicada este miércoles, persigue que el matrimonio de otras jurisdicciones se reconozca en el país y que también en la isla se permita el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

‘Las familias de Puerto Rico necesitan tener acceso a las protecciones del matrimonio, sin discriminación. Homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales son nuestros hermanos, hermanas, hijos, hijas, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Sus familias merecen la dignidad y el respeto del matrimonio. Las parejas LGBT de todo el país necesitan el matrimonio tan pronto como sea posible’, puntualizó Omar González Pagán, abogado de Lambda Legal, organización de Estados Unidos que asumió la representación de las parejas.

Además de Conde y Álvarez, quienes han estado juntas durante 14 años, la demanda incluye a Iris Delia Rivera Rivera y Maritza López Avilés, juntas desde hace 38 años y madres de una niña.

José A. Torruellas Iglesias y Thomas J. Robinson, casados desde el 2007; Zulma Oliveras Vega y Yolanda Arroyo Pizarro así como Johanne Vélez García, exnominada a la Procuraduría de las Mujer bajo el gobierno de Fortuño, y Faviola Meléndez Rodríguez también forma parte del recurso en el que aparece como codemandante la organización Puerto Rico Para Tod@s, entidad que defiende los derechos de la comunidad LGBT.

‘Nos hemos unido a este caso con al esperanza de que se nos brinde la oportunidad de que en igualdad de condiciones todos los derechos y todas las protecciones que puedan existir en el estado se extiendan al compromiso que nosotras contrajimos como pareja, a nuestras familias y que podamos continuar juntas y podamos disfrutar de la plenitud de las protecciones que anhelamos’, puntualizó Vélez García.

La demanda establece que la prohibición del matrimonio en Puerto Rico discrimina injustamente contra las parejas LGBT y sus hijos al catalogarlos como personas de segunda clase que son ‘indignos de la protección legal, el respeto y apoyo que las parejas de distinto sexo y sus familias son capaces de disfrutar a través del matrimonio’.

Celina Romany, expreseidenta del Colegio de Abogados, también representa a las parejas. El gobierno de Puerto Rico, demandado, tiene 30 días después del emplazamiento para contestar el recurso legal.

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