Un matrimonio colectivo en el Viejo San Juan podría ser la respuesta inmediata a un fallo favorable del Tribunal Federal de Apelaciones hacia la legalización y reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

La iniciativa surgió el mismo día que el Gobierno oficializó su cambio de postura y anunció que desistiría de cuestionar la constitucionalidad del matrimonio homosexual en Puerto Rico. Acto seguido, la presidenta de la Fundación de Derechos Humanos en Puerto Rico, Ada Conde, hizo un llamado a parejas del mismo sexo para celebrar su matrimonio en un acto de complicidad.

‘La idea es darle la oportunidad a todas las parejas que han soñado que por fin se reconozca su matrimonio por las leyes de la sociedad puertorriqueña, de que puedan participar de un evento masivo’, explicó la licenciada Conde.

A solo cinco días de publicado el anuncio en las redes sociales, Conde confirmó que ya se le han acercado 88 parejas del mismo sexo, interesados en contraer matrimonio en una celebración colectiva.

No sería la primera vez que una celebración colectiva surge como respuesta. El 10 de enero del presente año, 40 parejas homosexuales oficializaron su matrimonio a orillas de la bahía de Miami, cinco días después de que legalizaran el matrimonio homosexual en el Estado de la Florida.

Aquel sábado a principios de año, Edward González, un argentino residente en el sur de la Florida indicó a EFE que la ceremonia simbolizaba ‘un acto de libertad’.

En Puerto Rico, la festividad, también quizás se celebraría al aire libre, en el paisaje colorido del Viejo San Juan, y contaría con todos los elementos de una boda. La Fundación se encargaría de proveer oficiantes, que incluso han confirmado su participación: jueces y juezas, humanistas, sacerdotes y pastores de diversas creencias religiosas, todos aptos para llevar a cabo una ceremonia oficial.

El acto, que requiere una planificación minuciosa, mantendrá los detalles del evento en confidencialidad. ‘Y te voy a explicar por qué’, comentó Conde. ‘Muchos de estos pastores y reverendos, que son cristianos, han tenido una trayectoria en la que se han destacado por ser inclusivos. Lamentablemente han sido objeto de amenaza y persecusión de esa minoría extremista. Queremos contar con aquellos que creen en el amor y en que Dios es amor’, enunció la abogada.

La licenciada Conde fue quien, junto a su esposa Ivonne Álvarez, sembró el caso que hoy podría conducir al país hacia un cambio histórico, en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston. Ambas impugnaron la constitucionalidad del artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que no les reconocía en la isla su matrimonio contraído en Massachussetts.

Conde, quien ante los rumores del cambio de postura del Gobierno al principio se mostró escéptica hasta presenciar la acción hecha palabra, ahora que el Secretario de Justicia oficializó su postura, prevé un fallo favorable para resolver este conflicto en Boston, debido al ‘historial de defensa de los derechos humanos’ de este tribunal, argumentó.

El Circuito de Apelaciones de Boston posee bajo su sombrilla cinco jurisdicciones, de las cuales Puerto Rico es la única que mantiene ilegal el matrimonio homosexual. Massachussetts, New Hampshire, Maine y Rhode Island ya han otorgado igualdad de derechos.

Mientras parejas del mismo sexo comienzan a vislumbrar un matrimonio legal en su futuro cercano, grupos religiosos convocaron una protesta frente al Departamento de Justicia y una marcha hacia el Tribunal Supremo el jueves a las 10:00 a.m.

‘Sostenemos que el Secretario de Justicia ha violado su deber ministerial de defender y hacer cumplir las leyes del Estado Libre Asociado, entre ellas el artículo 68 del Código Civil. Mientras dicha ley no sea declarada inconstitucional, el Secretario de Justicia no tiene discreción para arbitrariamente dejar de defender nuestra legislación, la cual solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer’, lee la convocatoria.

Sin embargo, Conde rebatió que la ley que define el matrimonio no puede anteponerse a los principios de igualdad y prohibición del discrimen que establecen la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos.

Conde considera ‘irresponsable’ declarar que la postura del Secretario de Justicia es inconstucional. ‘Eso es falso, y es una pena que personas que se arrogan ser abogados digan eso. Defender la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos va por encima que cualquier otra ley’, denunció.

Además, añadió que los tribunales toman en cuenta las interpretaciones que emite un Secretario de Justicia. En el caso de que el Tribunal Federal de Apelaciones no emita un fallo favorable, será el Tribunal Supremo el que decida en verano la legalidad del matrimonio homosexual en Puerto Rico.