El Gobierno de Puerto Rico radicó una moción para unirse a la petición de mandamus en el caso sobre la aplicación del matrimonio del mismo sexo en el País.

La petición que radicaron varias personas, entre ellas la abogada Ada Conde, es para que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston emita un mandamus al Tribunal de distrito en Puerto Rico luego de que el juez Juan Pérez Giménez determinara que el dictamen del Tribunal Supremo federal que permite el matrimonio entre homosexuales no aplica en la isla por ser un territorio.

En su decisión sobre el caso entablado inicialmente por Conde, Pérez Giménez señala que la enmienda y cláusula constitucional que utilizó el Máximo Foro federal para aprobar los matrimonios homosexuales no está incorporada a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Así las cosas, habría que legislar para enmendar el Código Civil en la isla.

‘Nos estamos uniendo a esta petición de mandamus porque es nuestro deber ético y moral el cumplir con un sector de la población que nunca antes había visto respetado y validado su derecho a unirse en matrimonio, independientemente de su preferencia sexual. Este derecho ya fue validado como un derecho fundamental para todos y todas por parte del Tribunal Supremo Federal. Por lo tanto, nuestra solicitud, junto a los demandantes, es que se dicte una sentencia para que se cumpla con este mandato y para que termine con ello cualquier especulación o discrimen que pueda estar afectando a las parejas que han contraído matrimonio en la Isla y a aquellas que estén planificando casarse’, explicó el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda.

La posición del Gobierno de Puerto Rico es que el Tribunal de Distrito –a través de la decisión de Pérez Giménez– actuó sin autoridad al negarse a dictar sentencia final conforme a la decisión del Primer Circuito que sostiene que el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico es inconstitucional.

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