El esfuerzo de concertación que realizó un grupo de veinte organizaciones defensoras de los derechos humanos en Puerto Rico tuvo su máxima exposición el lunes, cuando por primera vez, exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a remover el manto de invisibilidad que impide que las injusticias que ocurren en Puerto Rico sean atendidas por la comunidad internacional.

El grupo recordó que durante treinta años, se ha judicializado el incumplimiento con los derechos de educación a la población con necesidades diversas en el Departamento de Educación, en lugar de proveer los servicios y equipos adecuados para garantizar su aprendizaje. Denunciaron que existe un patrón de represalias contra los padres, y que el maltrato institucional permanece impune, dado a que, según ha publicado este diario, sólo hay cinco personas atendiendo las querellas.

Se llamó también la atención de la comunidad internacional sobre la hostilidad machista hacia las mujeres, el discrimen a la comunidad LGBTT, la xenofobia y la explotación laboral de la que son víctimas los inmigrantes, así como la trata humana de la cual son víctimas, particularmente, los niños y niñas de Puerto Rico.

El licenciadoOsvaldoBurgos solicitó a la comisión que haga una visita a Puerto Rico para que conozca más sobre estos temas y que incluya a la isla en su agenda de trabajo’para que los problemas no continúen invisibles ante la comunidad internacional’.

El tema de la pena de muerte tomó un matiz político, cuando los propios comisionados rechazaron que Estados Unidos intente imponer esta pena máxima por encima de lo que establece la Constitución de Puerto Rico. ‘Solicitamos al Gobierno de Estados Unidos que abandone la aplicación de la pena de muerte en su jurisdicción federal, o declare moratoria a su aplicación en Puerto Rico, y adopte legislación que prohiba la imposición en aquellas jurisdicciones como PR, que la prohiban a nivel local’, leyó Burgos, coordinador de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

En torno a la violencia contra las mujeres, la licenciada Eva Prados, del Movimiento Amplio de Mujeres, denuncióque en los últimos 25 años, más de 558 mujeres han sido asesinadas por violencia doméstica. En 2014, 11 mujeres fueron reportadas desaparecidas. Mientras que ocurren 2,000 agresiones sexuales anualmente.

Sobre los reclamos de la comunidad LGBTT, Carlos Sepúlveda afirmóque mientras las leyes tratan de forma desigual a esta población, el Tribunal Supremo se ha valido de consideraciones religiosas para denegar la solicitud de una pareja lesbiana de tener la custodia de una menor que han criado juntas desde edadtemprana.

En el tema de la trata humana, el doctor Mohamed Mattar urgió a trabajar una política que integre la prevención, la protección y el enjuiciamiento. Mencionó que la trata humana incluye la explotación laboral, el turismo de sexo, la prostitución infantil, la distribución de droga y la pornografía, en ocasiones promovida por la misma familia del menor o por los encargados en hogar de crianza.

La respuesta del Estado sobre estos señalamientos no se hizo esperar, con un reconocimiento del camino que falta por recorrer, pero sobretodo, con una defensa de la gesta que se ha hecho hasta el momento. El secretario de Justicia,César Miranda, resaltó las órdenes ejecutivas promulgadas por la Administración García Padilla, que constituyen ‘un paso histórico’ a favor de los reclamos de los derechos civiles. Habló, por ejemplo, de las órdenes ejecutivas para que independientemente del status migratorio, los migrantes puedan acceder al sistema público de enseñanza, recibir atención médica en las salas de emergencia y poseer una licencia de conducir provisional. Destacó también la Ley 23 de 2013, que exige que se brinde igual protección de violencia doméstica a las parejas sin importar su estado marital, orientación sexual o identidad de género.

Sin embargo, la comisionada, Rosa María Ortiz, de Paraguay, recordó en su turno de preguntas que existe una diferencia muy grande entre la legislación y la práctica. Esta comisionada abordó al Gobierno acerca de si permite la participación de los menores en la solución del problema del acoso escolar, así como si contempla como víctimas a los menores involucrados en el mundo del narcotráfico. Por su parte, el comisionadoFelipe González, de Chile, expresó preocupación sobre el tema del acceso a los documentos públicos, que planteó el grupo durante su ponencia. La respuesta del Estado a estos interrogantes será entregada por escrito a la comisión.

‘Para hablar de libertades individuales, sin sonrojarnos, tenemos que pedir la excarcelación de Oscar Lopez Rivera’, culminó diciendo Miranda, en su ponencia.

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