El gobierno de Chile ha mantenido silencio sobre la petición de refugio político solicitado por el prófugo juez argentino Otilio Romano, acusado en su país de violaciones a los derechos humanos.

Romano, quien está acusado de 103 delitos de lesa humanidad, huyó a Chile el 24 de agosto y durante ocho meses podrá residir temporalmente en el país y no podrá ser extraditado mientras se resuelve la petición del juez, según una reciente ley, informa AP. Se desconoce su paradero.

La presencia en Chile del juez causó reacciones contrapuestas: el secretario general del partido de gobierno Unión Demócrata Independiente, UDI, senador Víctor Pérez, relacionó su posible extradición a la entrega por Argentina del refugiado chileno en ese país Galvarino Apablaza, en tanto el diputado comunista Hugo Gutiérrez demandó la expulsión de Romano para ser juzgado en Argentina.

Pérez dijo que el gobierno ha protegido a Apablaza, un ex integrante de la jefatura del grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien es acusado de vinculación con el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI. Apablaza obtuvo la condición de refugiado en Argentina y el gobierno rechazó por esa calidad extraditarlo a Chile.