Una fiscal chilena que indaga los errores cometidos por las autoridades en el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010 recibió este viernes 20 tomos correspondientes a las averiguaciones que realizó la Policía de Investigaciones (PDI).

Las más de 8,000 páginas entregadas a la fiscal Solange Huerta le permitirán establecer qué errores se cometieron esa madrugada en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y otros organismos, y también entrar a una etapa de decisiones para definir a quién se va a procesar.

El terremoto del 27 de febrero del 2010, de 8.8 grados en la escala abierta de Richter, que se sintió a las 03.34 hora local (06.34 GMT), estremeció a Chile durante casi tres minutos.

El sismo, que liberó una energía equivalente a 100,000 bombas de Hiroshima y está considerado el quinto más grande de la historia, dejó 524 muertos, 25 desaparecidos, 800,000 damnificados y 30 mil millones de dólares en pérdidas.

La fiscal Huerta recibió el informe de manos del comisario Luis Orellana, quien señaló a los periodistas que ‘se hizo un análisis minuto a minuto de lo que ocurrió esa noche’ en la Onemi, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) y otros organismos responsables.

Orellana afirmó que sus hombres fueron incluso a Hawaii (al National Oceanic and Atmospheric Administration) y se le tomó una declaración a las personas que enviaron un boletín de alerta de tsunami a Chile.

‘Investigamos cuál fue el accionar del ente técnico que tenía que tomar la decisión de dar alerta de tsunami en el momento’, añadió el comisario.

En tanto, la fiscal Huerta señaló que en los próximos días solicitará las primeras formalizaciones (procesos) por la negligencia de las autoridades al no dar la alerta del maremoto ocurrido en las costas del centro y sur del país, lo que costó la vida a 156 personas.