Seif al Islam, hijo del fallecido Muamar al Gadafi, compareció hoy ante un juez por primera vez desde su detención, para responder sobre el caso de los cuatro funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) detenidos el 7 de junio mientras se entrevistaban con el en una prisión.

Según informó a Efe una fuente cercana al tribunal, Seif al Islam, acusado por la CPI de crímenes de lesa humanidad, acudió sin abogado y dijo al juez que ‘Dios lo defenderá ante el tribunal’.

El representante de Libia en la CPI, Ahmas al Yahani, indicó a Efe que el juez ha fijado una nueva vista para el próximo 2 de mayo y confirmó que la sesión de hoy tuvo lugar en la ciudad de Zintan, 180 kilómetros al suroeste de Trípoli, donde Seif al Islam se encuentra encarcelado.

Los cuatro funcionarios del tribunal internacional, acusados por las autoridades libias de transgredir la ley, fueron puestos en libertad un mes después, tras intensas negociaciones.

El Gobierno libio aseguró en su momento que había indicios de que habían cometido ‘una transgresión y un error’.

La abogada Melinda Taylor y su traductora fueron detenidas tras entrevistarse con Seif al Islam al Gadafi.

Según las investigaciones preliminares efectuadas por la justicia libia, la abogada, de nacionalidad australiana, y su traductora libanesa ‘sobrepasaron sus atribuciones y llevaron a cabo acciones que nada tenían que ver con su misión’.

Junto a ellas, se encontraban un abogado español, Esteban Peralta, y un colega ruso, contra quienes no hay cargos.

A pesar que el 2 de julio del año pasado se permitió a los cuatro funcionarios que abandonaran el país, Libia dejó claro que las investigaciones continuarían.

Siguiendo su reglamento, la CPI también abrió una investigación sobre los hechos ocurridos y las informaciones recibidas por las autoridades libias.

La CPI y las autoridades libias están enfrentadas sobre dónde debe ser juzgado el hijo de Gadafi, acusado por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por las fuerzas gadafistas durante las revueltas que estallaron en Libia en febrero de 2011 y que culminaron con el linchamiento y la muerte del dictador, el 20 de octubre del mismo año.

El tribunal tiene pendiente una orden internacional de arresto, pero las autoridades libias han cuestionado la admisibilidad del caso.