La acción de transferir directa o indirectamente población judía para el establecimiento de las colonias en los territorios palestinos ocupados entra en la categoría de crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional, señaló hoy una comisión internacional auspiciada por la ONU.

‘Estos crímenes corresponden de lleno a las provisiones legales del artículo 8 del estatuto de la Corte Penal Internacional, que es el de crímenes de guerra’, explicó la jurista francesa Christiane Chanet, presidenta de la comisión que investiga el impacto de los asentamientos israelíes.

El grupo, que completan las juristas Asma Jahangir (Pakistán) y Unity Dow (Botsuana), presentó en Ginebra un extenso informe sobre los hechos que ha conseguido documentar en seis meses de trabajo y a pesar de que el Gobierno de Israel le negó cualquier cooperación y autorización para entrar en los territorios palestinos.

En sentido de ‘derecho puro’, el establecimiento de colonias israelíes en suelo palestino se considera un crimen de guerra, explicó Chanet, quien subrayó que esto no implica que la Corte Penal Internacional (CPI) vaya a decidir que tiene jurisdicción en este caso en vista de que Palestina no es un Estado reconocido.

‘Transferir a su propia población a un territorio ocupado va contra el derecho a la libre determinación y si estamos ante un mapa vemos como los asentamientos rompen la continuidad de la tierra palestina’, indicó Chanet en una rueda de prensa.

Unas 250 colonias judías han sido levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí.

Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto (5,3 %) que la población en Israel (1,8 %).

Chanet recalcó que los asentamientos ‘han sido establecidos y desarrollados en beneficio exclusivo de los judíos israelíes’, y que su existencia reposa ‘en un sistema de total segregación entre los colonos y la población (palestina) local’.

Recordó que esos asentamientos implican que los palestinos tienen restringida su libertad de movimiento, pierden el acceso a los recursos naturales, sufren la demolición de sus viviendas y la destrucción de árboles.

Entre las especies que desaparecen están los olivos, que por generaciones han constituido la principal fuente de ingresos para muchas familias palestinas.

Todo ello ocurre con ‘el total conocimiento y complacencia del gobierno’, dijo la presidenta de la comisión.

‘Las autoridades (israelíes) tienen el pleno control de la planificación de las colonias y eso es obvio para todos’, agregó.

Tras defender la ‘independencia, imparcialidad, integridad y profesionalismo’ que han inspirado el trabajo de la comisión desde el pasado julio, Chanet lamentó la total falta de cooperación de Israel con sus investigaciones.

Eso obligó a las tres juristas a realizar parte de su trabajo desde Jordania, donde pudieron entrevistarse con abogados, funcionarios, diplomáticos y, sobre todo, personas que han sufrido directamente por la construcción de los asentamientos.

Muchas de esas personas -comentó Chanet- tuvieron que realizar viajes ‘penosos para poder hablar con nosotras’.

Por su parte, Dow precisó que el grupo dirigió cinco cartas al Gobierno israelí pidiéndoles su colaboración y permiso para visitar los territorios ocupados, pero ninguna de ellas tuvo respuesta.

No obstante, dijo que no pierden la esperanza de que en el futuro -si el Consejo de Derechos Humanos decide dentro de algunas semanas prorrogar su mandato- puedan desarrollar una relación positiva y un diálogo con él.

La comisión presentará el próximo 18 de marzo las conclusiones de su trabajo a ese órgano de la ONU, en Ginebra.