La huelga de hambre que se vive en las cárceles californianas ha entrado ya en una fase crítica para la salud de los presos cuando se cumplen hoy 49 días de una protesta que reclama mejoras sustanciales en las condiciones del regimen de aislamiento.

Los equipos médicos que atienden a la comunidad carcelaria en este Estado reconocen su inquietud por el deterioro físico que están sufriendo los reos que desde el pasado 8 de julio se niegan a comer, 42 en total. Una cifra a la que se suman otros 21 que llevan menos tiempo rehusando alimentos, según los últimos datos publicados el viernes.

‘Nos preocupa que los presos puedan entrar en paro cardíaco. Esto puede ocurrir repentinamente, sin que haya una señal de alerta’, dijo a Efe la portavoz de los Servicios Sanitarios de los Correccionales de California, Joyce Hayhoe.

Por el momento, la pérdida de peso, la debilidad física y la deshidratación son los síntomas más presentes en los huelguistas que sí toman agua y bebidas isotónicas y cuyo pulso con las autoridades penitenciarias no parece estar cerca de concluir.

Si el gobernador Jerry Brown o el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California (CDCR) no se sientan a negociar sus demandas ‘ellos están comprometidos a continuar’, explicó Isaac Ontiveros, representante de la coaliciónSolidaridad con los Presos en Huelga de Hambre, creada para hacer público el mensaje de los reclusos y sus familias.

CDCR insiste, según ratificó a Efe una portavoz, que la huelga es una campaña ‘organizada por pandillas’ y que ‘algunos reos están siendo presionados a participar en esta acción’.

Lejos de ablandarse ante la que es ya la huelga de hambre masiva más larga en la historia de las cárceles de California, CDCR se ha mostrado dispuesto a imponer castigos a los participantes en este plante, en aplicación de la legislación estatal que prohíbe cualquier actividad que altere la normalidad de las prisiones.

CDCR, no obstante, sí ha comenzado a revisar los casos de los reos que residen en cárceles donde ningún recluso está renunciando a comer.

La huelga está teniendo lugar en 6 de los 33 centros penitenciarios estatales de California: Centinela State Prison, California Men’s Colony, California Medical Facility, Corcoran State Prison, Sacramento State Prison y Pelican Bay State Prison.

‘Hay más de 500 personas en California que llevan en aislamiento más de una década, los hay que están desde hace más de 30 años’, apuntó Ontiveros, que se mostró muy frustrado con la actitud de las autoridades y se quejó de la ‘falta de transparencia’.

En California se permite el aislamiento de forma indefinida, algo que las organizaciones pro derechos humanos consideran una forma de tortura y que ha sido criticado por expertos de Naciones Unidas.

Bajo este régimen, los prisioneros pasan 22 horas al día en celdas de máxima seguridad, a menudo sin ventanas y sin actividades más allá de breves períodos para hacer ejercicio físico en un patio con altos muros.

‘La razón por la que la gente está en aislamiento nada tiene que ver con la que le llevó a la cárcel. No hay juicio, no hay jurado, no hay abogado, no hay derecho a defenderte’, manifestó Ontiveros que dijo conocer un caso de un reo que pasó una década en esas condiciones porque encontraron en su celda ‘una pieza de arte azteca’.

CDCR no ha revelado la identidad de los huelguistas pero Ontiveros está convencido de que muchos de ellos son hispanos porque ‘el 80 por ciento de los que están en aislamiento son latinos’ y ve un componente de ‘racismo’ en todo esto.

‘Si alguien muere, la sangre recaerá sobre el CDCR y el gobernador Jerry Brown’, afirmó.

Los expertos consideran que las posibilidades de supervivencia de una persona son mínimas tras 60 días sin comer.

El pasado lunes un juez autorizó a los equipos médicos penitenciarios a que alimentaran de forma forzosa a los reclusos que estén en riesgo de fallecer o padecer daños severos por inanición, algo que no gustó a los presos ni a sus familiares, que lo ven como un boicot.

‘Esto es una práctica estándar’, apuntó Hayhoe.

La huelga de hambre, la tercera desde 2011, movilizó a miles de reclusos el pasado mes de julio, 30,000 según Ontiveros, aunque su número fue cayendo dramáticamente a medida que pasaban las semanas.