Japón anunció hoy que invertirá fondos públicos por valor de 358 millones de euros para solventar las fugas de agua contaminada en Fukushima, algo que puede ayudar a mejorar la imagen de Tokio a cuatro días de que se elija la sede olímpica de 2020.

Como parte de una plan de emergencia, el Gobierno reveló que invertirá 47,000 millones de yenes (358 millones de euros), de los cuales 20,000 millones (152 millones de euros) procederán de fondos reservados correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

La implicación del Ejecutivo en la crisis refleja la gravedad de la situación en la planta, que además se teme que está perjudicando la imagen de la candidatura de Tokio para los Juegos Olímpicos de 2020, los cuales aspiran también a organizar Madrid y Estambul.

‘El mundo está observando para ver si podemos llevar a cabo el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima, donde se incluye la lucha contra los problemas del agua contaminada’, dijo hoy el primer ministro, Shinzo Abe, en una reunión ministerial.

El propio Abe defenderá el próximo sábado 7 de septiembre el proyecto tokiota en Buenos Aires, donde el Comité Olímpico Internacional (COI) elegirá la que será la sede del evento deportivo en 2020.

Del monto aprobado hoy, que se enmarca en un plan de emergencia para contener la situación en la planta nuclear golpeada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, 32,000 millones de yenes (243 millones de euros) se destinarán a un sistema para congelar el suelo alrededor de los edificios de los reactores 1 a 4.

Este proceso experimental se realizaría mediante la inserción en el terreno de unas varillas refrigerantes que crearían de este modo un muro de 1.4 kilómetros de largo que bloquearía la entrada y salida de agua en los sótanos de estos edificios.

El principal problema al que se enfrenta la central es la enorme acumulación de agua altamente radiactiva en los sótanos de los reactores, que aumenta en cerca de 400 toneladas diarias.

Esa acumulación se produce porque el líquido utilizado para refrigerar los reactores se filtra en parte a los sótanos, al tiempo que las aguas naturales del subsuelo procedentes de las zonas colindantes penetran también en los edificios.

Debido a esto, se cree que la central vierte unas 300 toneladas diarias de agua radiactiva al océano Pacífico.

La situación se ha complicado aún más tras detectarse en agosto una fuga de agua muy radiactiva en uno de los miles de tanques que se emplean en la central para almacenar el agua que se ha usado para enfriar los reactores.

Mientras Tokyo Electric Power (TEPCO), operadora de la planta, intenta trasladar este líquido cuanto antes a otros depósitos construidos con materiales más sólidos para evitar nuevas filtraciones, la eléctrica y el Gobierno intentarán instalar cuanto antes un sistema para reducir la toxicidad del agua.

De este modo, para la instalación del Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS por sus siglas en inglés) se emplearán los otros 15,000 millones de yenes (114 millones de euros) del presupuesto aprobado hoy.

El plan es que el agua procesada con el ALPS, que sustrae de ésta 62 tipos de sustancias radiactivas (aunque no el tritio) sea evaporada después o arrojada al océano Pacífico, ya que según las autoridades contendría materiales por debajo del límite de 90 becquerles por litro que marca la ley en Japón.

La gestión de la operadora, que no ha sido capaz en más de dos años de controlar la crisis en la central, se está poniendo en entredicho y el propio Gobierno le ha acusado de responder de manera improvisada por lo que ahora ha decidido tomar las riendas de la situación.

En este sentido, tres ciudadanos japoneses presentaron hoy una denuncia por negligencia contra TEPCO por no tomar las medidas necesarias para prevenir el vertido al mar de agua contaminada.

La denuncia, que se presentó ante la policía de la provincia de Fukusima, responsabiliza a la operadora y 32 de sus directivos, incluido el actual presidente Naomi Hirose.