La ley de ‘Justicia Oportuna’ acelerará las ejecuciones de los condenados a la pena de muerte y hará del 2014 ‘el más mortal y más terrible de la historia del corredor de la muerte de Florida’, dijo hoy a Efe el director Regional del capítulo de la Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Carlos Iván Ramos.

‘Más de 150 abogados que representan algunos condenados a muerte han interpuesto un litigio ante la Corte Suprema de Justicia para rechazar esta ley, como una forma de asegurar que no se ejecuten personas inocentes’, manifestó Ramos.

La medida requiere que los gobernadores firmen órdenes de muerte 30 días después que la Corte Suprema de la Florida certifique que un recluso ha agotado sus apelaciones legales. Una vez que se firme la orden de muerte, la nueva ley estipula que el estado ejecute al acusado en un plazo de seis meses.

La ley de ‘Justicia Oportuna’, que aprobó la Cámara de Representantes con una votación 84-34 y el Senado con una de 28-10, le permite al gobernador decidir el proceso de ejecución, porque requiere que él firme una orden de muerte después de que se complete la revisión requerida de clemencia y sólo él podría ordenar investigación de clemencia, señaló Ramos.

‘Con esta nueva medida la gente tendrá menos tiempo para impugnar una condena injusta, que aquellos que pudieron demostrar su inocencia en el corredor de la muerte’, señaló el director regional de ACLU y de la coalición ‘Justicia para Jacksonville’.

Según Ramos hay que tomar en cuenta que en Florida fueron exonerados 24 condenados a muerte, lo que significó un exonerado por cada tres ejecutados. ‘De haber estado esta ley de seguro personas inocentes habrían sido ejecutadas’.

Otro de los puntos en que la organización difiere de este ley es que la misma permite la destrucción de documentos relacionados con un caso una vez que la persona ha sido ejecutada.

‘Si todas las pruebas son destruidas significa que incluso después de una ejecución apresurada, la gente no será capaz de tener un registro completo de lo que sucedió, sembrando más dudas sobre el proceso’, indicó a Efe la oficial de Información Pública en Español de ACLU Florida, Carolina González.

En tanto, González también sentenció que ‘si el estado ejecutó a un inocente, la destrucción de los registros se asegurará de que las personas nunca lo sepan. Cómo se supone que confiemos en nuestro sistema de justicia cuando los registros acerca de lo que se hace en nuestro nombre se destruyen para siempre?’.

Mientras tanto, Ramos apuntó que otro de los puntos en que ACLU trabaja es para que los legisladores aprueben una ley que exija que las sentencia de muerte sean unánimes.

‘Florida es el único estado donde con una mayoría simple se puede sentenciar una persona a muerte. Es decir, un voto 7 a 5, por lo que entendemos que lo justo debería de ser con un jurado unánime’, puntualizó Ramos.

El estado de Florida lideró en 2012 las condenas a pena de muerte en Estados Unidos, un país donde en conjunto descendieron las ejecuciones hasta su segundo nivel más bajo desde que en 1976 se restituyó este castigo, según un informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Según el recuento anual realizado por esta organización, durante el año que ahora termina en Florida se emitieron 21 condenas a muerte, la cifra más alta del país, por delante de California (14), Texas (9) y Pensilvania (7).

En el corredor de la muerte de Florida hay 405 presos, más que en ningún otro estado de Estados Unidos, excepto en California.