Washington – A sus 28 años, el estadounidense Jeremy Hammond se enfrenta a diez años de cárcel por haber revelado miles de correos electrónicos de la empresa de análisis de inteligencia y seguridad Stratfor, con el objetivo de denunciar los arreglos secretos entre corporaciones y gobiernos.

Hammond, miembro del grupo ‘Anonymous’, es otro experto informático convertido en ‘hacker’ que se enfrenta a la polémica ley de fraude informático por haber recopilado y puesto a disposición pública información privada de empresas y servicios gubernamentales.

El próximo 15 de noviembre una jueza federal de Nueva York deberá dictar sobre el caso de Hammond, oriundo de la ciudad de Chicago, por haber obtenido entre el otoño de 2011 y comienzo del año pasado 200 gigabytes de información privada y correos electrónicos de Stratfor que puso a disposición de WikiLeaks.

El día que Hammond, bajo el pseudónimo digital de ‘super_g’, consiguió entrar en los servidores la compañía Stratfor, una especie de CIA privada con sede en Texas, el joven dijo que aquello era el ‘equivalente digital a una bomba nuclear’.

Arrastrado por esa euforia, Hammond no se limitó a filtrar correos electrónicos de la empresa a WikiLeaks, sino que puso en internet 75.000 números de tarjetas de crédito, que causaron a sus titulares robos que rondan los 700.000 dólares, según el FBI.

Entre los tres millones de comunicaciones que interceptaron Hammond y su pequeño grupo de cómplices se encontraban detalles sobre los intentos del Gobierno estadounidense de conocer más a fondo el movimiento de los ‘indignados’ y otras organizaciones de EEUU.

Entre las informaciones reveladas en los correos se encontraban supuestos intentos de los directivos de Stratfor de utilizar su información privilegiada en inteligencia para especular en los mercados de valores.

‘Si Jeremy Hammond hubiese sido encontrado culpable de esos crímenes en Islandia, sus acciones hubiesen sido consideradas un acto de valentía y su sentencia máxima no hubiese pasado de meses’, indicó en un comunicado la parlamentaria islandesa Birgitta JonsDottir.

Hammond, al que sus seguidores consideran un preso político, se declaró en mayo de este año culpable de todos los cargos de que se le acusa para evitar una petición de pena mayor por parte de la Fiscalía y obtener una rebaja de la pena máxima, que se ha fijado en diez años.

La red de apoyo de Hammond ha enviado a 265 cartas a la juez encargada del caso para pedir el indulto al joven, que desde muy joven estuvo vinculado a movimientos anarquistas, libertarios y a favor de una mayor apertura en internet.

Durante su juicio, Hammond ha justificado sus acciones asegurando en una declaración escrita: ‘lo hice porque creo que la gente tiene el derecho a saber lo que hacen a puerta cerrada gobiernos y corporaciones’.

‘Hay una guerra en marcha sobre espionaje corporativo y acceso a la información’, aseguró durante el juicio la abogada de Hammond, Sarah Kunstler.

El caso de Hammond vuelve a poner en evidencia de nuevo el celo con el que se aplican las leyes en sobre revelación de secretos.

Aunque existen diferencias en el caso, Hammond cuenta con apoyo de personas cercanas a las redes que respaldan al soldado Bradley Manning, condenado a 35 años por la mayor filtración de secretos de la historia de EE.UU., y Edward Snowden, ex analista de inteligencia que ha revelado como funciona el ciberespionaje estadounidense.

A Hammond se le ha aplicado la polémica ley de 1984 de Fraude Informático, que ha sido especialmente criticada por haberse usado también contra el fallecido Aaaron Swartz, un joven que se suicido a los 26 años y que luchó por una mayor libertad en internet.

Swartz, Hammond o Manning forman parte de una nueva generación de rebeldes de internet que, con diferentes estrategias y medios, han intentado evitar que la red deje de ser el más eficaz instrumento de transparencia frente al poder.