El Tribunal Supremo de EE.UU. ordenó a última hora del martes la suspensión temporal de la ejecución de Herbert Smulls, prevista para la medianoche, despues de que los abogados del preso alegaran en una última petición que el Estado de Misuri se ha negado a revelar la procedencia de la inyección letal.

La inyección que se pretende utilizar en este caso no está homologada por las autoridades federales, sólo por el Estado, y su procedencia ha sido catalogada como ‘secreto’.

Smulls, de 56 años, está condenado a pena de muerte por asesinar al dueño de una joyería del condado de San Luis durante un robo en 1991, un suceso en el que también hirió de gravedad a la esposa de la víctima.

Los abogados defensores trabajaban desde hace tiempo en retrasar la ejecución con los argumentos de que el contenido de la inyección letal procede de un laboratorio de Oklahoma sin licencia en Misuri y que ha sido mal conservado.

Según la defensa, no se dispone de suficiente información para garantizar que el preso no sufrirá dolor durante la ejecución, lo que podría violar la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles.

Una jueza federal del distrito en Kansas City rechazó el lunes la petición de retrasar la ejecución 60 días por considerar que el hecho de que se desconozcan los peligros asociados a la inyección no implica necesariamente que su aplicación vaya a causar dolor.

En Misuri, como en la mayoría de los 32 estados que aplican la pena de muerte en Estados Unidos, se usaba una inyección letal con una combinación de tres medicamentos, pero se agotaron las existencias cuando las farmacéuticas que producían los anestésicos, los ingredientes clave, dejaron de venderlos para su aplicación en la pena capital.

En caso de que finalmente se le aplique la pena muerte a Smulls, sería la sexta ejecución en lo que va de año en Estados Unidos.