El tribunal egipcio que juzga al depuesto presidente Mohamed Mursi por su supuesta implicación en la muerte de manifestantes en diciembre de 2012 decidió fijar para mañana una nueva sesión para tomar testimonio a responsables de seguridad.

Hoy, en la cuarta sesión del juicio, en el que también son procesados catorce dirigentes de los Hermanos Musulmanes, el magistrado Hasan Sabri Yusef pidió la comparecencia mañana de tres altos mandos de la Guardia Republicana, testigos de la acusación, informaron a Efe fuentes judiciales.

El Tribunal Penal de El Cairo ordenó, además, que un comité de expertos de la radiotelevisión presente un informe el 1 de marzo próximo sobre las imágenes filmadas de los incidentes que se le imputan a Mursi.

Estas imágenes de los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mursi frente al palacio presidencial de Al Itihadiya fueron presentadas por la Fiscalía General como pruebas condenatorias.

Junto al exmandatario, están siendo procesados el vicepresidente del Partido Libertad y Justicia (PLJ) -brazo político de la Hermandad- Esam al Arian y el miembro de su Ejecutiva Mohamed Beltagui.

Mursi, depuesto por un golpe de Estado el 3 de julio de 2013, fue trasladado en helicóptero desde la prisión de Burg al Arab, en el noreste de Egipto, a la Academia de la Policía, en las afueras de El Cairo, donde se celebra el juicio.

Los demás acusados llegaron a la sesión, que fue muy breve, en vehículos blindados desde la cárcel cairota de Tora.

La vista se desarrolló con tranquilidad, aunque ante el temor a las protestas convocadas por los islamistas, la Academia de la Policía estuvo rodeada de un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

Los Hermanos Musulmanes calificaron el proceso de ‘farsa’ llevada a cabo por la ‘justicia golpista’, en alusión a que los magistrados supuestamente defienden a las nuevas autoridades y el golpe militar del pasado julio.

Mursi afronta otros juicios por huir de una cárcel durante la revolución de enero de 2011, que derribó al presidente Hosni Mubarak, por entregar información clasificada a países y organizaciones extranjeras como el movimiento islamista palestino Hamás, y por insultar a la judicatura.