El sufrimiento que padeció un condenado a muerte al que se inyectó una solución letal en Oklahoma (Estados Unidos) que no actuó de forma inmediata constituyó un trato cruel e inhumano, lo que el derecho internacional equipara con la tortura, señaló hoy la ONU.

La forma en que se dio muerte al reo Clayton Lockett implicó un ‘trato cruel, inhumano y degradante, según las normas internacionales de derechos humanos, y transgredió la octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dispone que no se deben infligir castigos crueles’, sostuvo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

‘El de Lockett es el segundo caso de sufrimiento extremo reportado en lo que va de año y causado por el mal funcionamiento de las inyecciones letales’, dijo el portavoz de Pillay, Rupert Colville.

El primer caso fue el de Dennis McGuire, quien fue ejecutado en Ohio el pasado enero con una combinación de sustancias que luego se denunció que no fue probada previamente.

El Estado de Oklahoma ha aplazado ejecuciones que estaban previstas próximamente, tras la orden de que se revisen todos los procedimientos y protocolos para la aplicación de la pena de muerte.

Sendos órganos de derechos humanos de la ONU han pedido en el pasado a EEUU que evalúe sus métodos de ejecución para evitar el sufrimiento y dolor severos.

Asimismo, recomendaron que los estados se aprovisionen con inyecciones letales de forma legal, regulada y que hayan sido aprobadas por la Administración para la Alimentación y las Drogas, el órgano estatal que regula los medicamentos.

El ajusticiamiento de Lockett, de 38 años, fue el último de varios que han sido más largos y agónicos de lo esperado, además de polémicos, por el uso cada vez mayor de nuevas inyecciones letales frente a la escasez de las convencionales.

También provoca suspicacia la reserva extrema con la que las autoridades estatales se aprovisionan de esos fármacos.

Colville dijo que lo ocurrido en esas ejecuciones refuerza el argumento de que las autoridades en todo EEUU deben imponer una moratoria inmediata de la pena de muerte y optar por su abolición.

La pena capital es legal en 32 de los 50 estados de ese país, además de estar permitida a nivel federal y en el ámbito militar.

Sobre cómo todo esto influirá en Texas, el estado donde más se ejecuta a condenados a muerte en EEUU, el portavoz indicó que ‘podemos imaginar que lo ocurrido en Oklahoma puede tener ramificaciones para las ejecuciones previstas con inyecciones letales’ en el primer estado.