Unos 100,000 norcoreanos han llevado a cabo una manifestación en Pyongyang, informaron hoy medios estatales, para denunciar la resolución de la ONU que busca llevar a la justicia internacional las violaciones de derechos humanos del regimen de los Kim.

Altos cargos del Gobierno y el Partido de los Trabajadores, militares, obreros, campesinos y estudiantes participaron el martes en esta inusual protesta masiva en la que se calificó como ‘declaración de guerra’ la resolución de Naciones Unidas, según describieron la agencia estatal KCNA y la televisión KCTV.

La semana pasada la Asamblea Nacional de la ONU adoptó una resolución propuesta por la UE y Japón para juzgar los ‘crímenes contra la humanidad’ de Pyongyang en la Corte Penal Internacional (CPI), aunque para tener efecto ésta tendría que ser refrendada en diciembre y aprobada posteriormente en el Consejo de Seguridad.

Hasta ahora Corea del Norte ha protestado fuertemente contra la iniciativa e incluso amenazó con realizar una nueva prueba nuclear.

En el acto de ayer, en el que no estuvo presente el líder Kim Jong-un, los portavoces del Gobierno calificaron la resolución como ‘un cínico producto político creado para manchar la dignidad de la República Popular de Corea del Norte (nombre oficial del país) y acabar con todo lo valioso del Ejército y el pueblo’, según KCNA.

Asimismo, reiteraron su postura de que la iniciativa de la ONU responde a los intereses de Estados Unidos, país al que definieron como ‘el mayor violador de los derechos humanos’ en el mundo.

La resolución no vinculante de la ONU, aprobada con 111 votos a favor y 19 en contra el pasado día 18, insta a tomar medidas para que ‘rindan cuentas’ los responsables de los abusos en Corea del Norte, incluido su líder Kim Jong-un.

Se espera que, si el caso llega en última instancia al Consejo de Seguridad, China y Rusia usen su derecho de veto para evitar que se puedan juzgar en La Haya las violaciones de derechos humanos del régimen documentadas en un informe de la ONU que vio la luz en marzo.

El texto, producto de una amplia investigación a partir de testimonios de cientos de personas huidas del país, reveló pruebas de exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos y privación de alimentos, entre otros abusos.

También estimó que unas 120,000 personas permanecen recluidas en campos de trabajos forzados en diversas áreas del territorio norcoreano.

El régimen de los Kim, que hasta ahora no ha permitido a los inspectores acceder al país para observar la situación, siempre ha mantenido que los informes sobre derechos humanos en su país son inventados y buscan favorecer los intereses políticos de Estados Unidos.