La Fiscalía chilena allanó la casa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta chilena Michelle Bachelet, para incautarse de varios ordenadores y documentación relacionada con la investigación sobre eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

La diligencia, realizada con absoluto sigilo, tuvo lugar el pasado 6 de marzo y fue encabezada por el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, quien acudió al domicilio de Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, en el sector santiaguino de La Reina, acompañado de Carabineros, reveló hoy el diario electrónico El Mostrador.

La información fue luego confirmada por fuentes oficiales, y según el periódico, el allanamiento se realizó ‘cuando todo el país observaba atento’ la audiencia judicial del caso Penta, que involucra a un poderoso grupo financiero local.

El fiscal se incautó de ‘diversos soportes técnicos y documentación relacionados con la investigación que busca determinar la existencia de eventuales ilícitos en el proceso de compra y venta por parte de la empresa Caval, ligada al matrimonio’, señaló la información.

Precisó que el miércoles de la semana pasada el Juzgado de Garantía de Rancagua emitió la resolución con la ‘orden de entrada, registro e incautación’ en el marco de la causa que lidera Toledo que investiga eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

La orden autoriza a ‘abrir correspondencia cerrada’, ‘incautar todos los elementos que pudieran relacionarse con la comisión del delito’ y hacer ‘uso de la fuerza pública en caso de oposición, con allanamiento y descerrajamiento’.

Tras hacerse pública la incautación, el ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde aseguró hoy que el allanamiento no afectará la imagen de la mandataria chilena.

‘El liderazgo de la Presidenta es claro, los chilenos conocen de su trayectoria de servicio público de toda la vida, así que no creo que tenga un impacto sustantivo’, afirmó.

Asimismo, aseguró que desde el Ejecutivo están dispuestos a colaborar con la investigación, en caso de que el Ministerio Público requiera revisar los correos electrónicos que Dávalos intercambió mientras fue director Sociocultural de la Presidenta.

Unas palabras que entroncan con la promesa que hizo ayer la presidenta Bachelet, en alusión al caso que involucra a su hijo, cuando se comprometió a impulsar una nueva regulación entre la política y los negocios, ‘afecte quien afecte’.

Al término de una reunión con el gabinete ministerial que se prolongó todo el día, Bachelet prometió que su Gobierno tomará ‘todas las medidas’ para garantizar el respeto a las normas ‘éticas y la legislación’.

‘Creo que nuestros ciudadanos hoy día exigen un estándar ético mucho más elevado y yo como presidenta me voy a hacer cargo, porque el país conoce mi conducta de vida’, sostuvo.

Caval, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de este un préstamo del Banco de Chile por el equivalente de unos 10.4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4.8 millones de dólares.

En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad está controlada por su familia.

La repercusión del caso ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet, que en un año ha caído 18 puntos, hasta el 34 %, según una encuesta difundida hoy por la consultora Plaza Pública Cadem.