El gobernador de Utah, Gary Herbert, firmó hoy la polemica ley que reinstaura el uso de un pelotón de fusilamiento para ejecutar a los presos condenados a muerte en ese estado en caso de que no disponga de inyecciones letales.

Los legisladores de Utah habían relegado este método de ejecución en 2004, pero lo volvieron a aprobar hace dos semanas con el apoyo de las mayorías republicanas en el Senado y en la Cámara de Representantes para hacer frente a la cada vez más difícil obtención de inyecciones letales.

La nueva norma dicta que la inyección letal sigue como método preferente, pero en caso de no tener suministros, se procederá al uso de un pelotón de fusilamiento en lugar de suspender temporalmente la ejecución, como está pasando en otros estados.

‘Los que se han opuesto a este proyecto de ley son los mismos que se oponen a la pena de muerte, y esa decisión ya está tomada en nuestro estado’, dijo en un comunicado Marty Carpenter, una portavoz de la Gobernación.

‘Lamentamos que alguien cometa un homicidio agravado que merezca la pena de muerte, y preferimos utilizar la inyección letal con sentencias de este tipo -apuntó Carpenter-. Sin embargo, cuando un juez firma una orden de ejecución, cumplirla es una obligación para el poder ejecutivo’.

Desde que la pena capital se reinstauró en Estados Unidos en 1976, solo tres de los 1,404 presos ejecutados lo han sido por fusilamiento: dos en Utah y uno en Oklahoma.

Utah es, de hecho, el último estado que ejecutó a un condenado a muerte por fusilamiento: fue el caso de Ronnie Lee Gardner en 2010, que optó voluntariamente por ese método.

Aunque el estado decretó en 2004 la inyección letal como método prioritario, los condenados a muerte antes de ese año aún pueden elegir si prefieren hacerlo así o por fusilamiento.

También en Utah y con un pelotón de fusilamiento fue ejecutado en 1977 el primer preso en Estados Unidos tras la reinstauración de la pena de muerte un año antes, fue el caso de Gary Gilmore.

Oklahoma, por su parte, prevé usar el fusilamiento en caso de que las inyecciones se declaren inconstitucionales.

En 2011 los estados empezaron a tener problemas con el suministro de las sustancias que se usan en las inyecciones después de que la empresa estadounidense Hospira dejara de producir el componente esencial de la mezcla.

Desde entonces han ido probando fórmulas nuevas, que el año pasado fallaron en tres ocasiones provocando sufrimiento prolongado en esos presos antes de la muerte.

Más allá de los problemas de suministro, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia la legalidad del uso del midazolam, la sustancia que falló en 2014, por lo que las ejecuciones en estados como Oklahoma, Florida o Ohio están temporalmente suspendidas.