El primer ministro británico, David Cameron, anunció hoy medidas radicales para controlar la inmigración ilegal, como confiscar los sueldos de los indocumentados, tras conocerse que el ingreso de extranjeros subió más del 20 % en 2014.

El líder conservador dio a conocer una nueva iniciativa que estará contenida en su programa de Gobierno para el próximo curso legislativo, que será leído por la reina Isabel II el 27 de mayo en la solemne apertura del Parlamento de Westminster.

El plan del Gobierno para controlar la inmigración, explicó el primer ministro al intervenir en el Ministerio del Interior, tendrá tres vertientes: combatir el trabajo ilegal, reformar las reglas laborales y renegociar en la Unión Europea las directrices en materia de inmigración.

Este último punto forma parte del objetivo de Cameron de conseguir reformas en la UE, que aún no ha detallado, antes de convocar el prometido referéndum en 2017 sobre la permanencia o salida del Reino Unido del bloque europeo.

Los otros dos objetivos estarán contenidos en un proyecto de ley de su nuevo Gobierno, de mayoría conservadora, que considerará por primera vez delito trabajar ilegalmente o emplear a ciudadanos no comunitarios que estén en situación irregular.

Cameron presentó sus medidas después de que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) informase de un alza de la inmigración, si bien el incremento correspondió en su mayoría a ciudadanos de la UE.

Según las cifras, el número de inmigrantes que llegó al Reino Unido en 2014 fue de 641.000 personas, un 21.8 % más que el año anterior, mientras que los que emigraron fueron 323,000 personas -cifra que se ha mantenido relativamente estable desde 2010-, lo que arroja una inmigración neta de 318.000 personas el año pasado.

Cameron resaltó hoy que su proyecto de ley tendrá como meta, entre otras cosas, obligar a las entidades bancarias a verificar las cuentas de personas sospechosas de estar en situación ilegal e impedir que las compañías contraten a estos indocumentados.

Hasta ahora, las empresas podían ser multadas con 20,000 libras (26,000 euros) si contrataban a trabajadores indocumentados, pero la nueva legislación irá más allá al tipificarlo como delito, si bien Cameron no ha especificado qué pena se aplicará.

También se procesará a los no comunitarios que entren de manera legal, como turistas o estudiantes, pero que se quedan para trabajar una vez que su visado ha caducado.

Además, la Policía tendrá el poder de confiscar los salarios obtenidos de manera ilegal y se obligará a las agencias de empleo a buscar primero trabajadores con residencia legal en el Reino Unido antes de contratar en el extranjero.

Entre otras cosas, se tomarán medidas contra las personas que alquilen pisos a inmigrantes sin papeles en condiciones infrahumanas.

Esta iniciativa viene a completar medidas anunciadas antes por el primer ministro, como obligar a los comunitarios a abandonar en seis meses el Reino Unido si no han encontrado empleo.

Cameron insistió en que su ambición es recortar la inmigración a pesar del incremento visto en los últimos años, pero reconoció que aún hay un camino por recorrer para llegar a ‘nuestro objetivo’.

Las cifras divulgadas hoy son ‘decepcionantes, pues no hemos conseguido muchos progresos, pero tomo estos datos como un mandato claro para cumplir’ con las promesas electorales, admitió.

Cameron dijo que la falta de control de la inmigración crea problemas para los servicios públicos, en especial la sanidad púbica y las escuelas, y que su ambición es construir un país ‘menos atractivo’ para trabajar de manera ilegal.

‘Una inmigración no controlada puede perjudicar nuestro mercado laboral y reducir los sueldos. Y significa que hay mucha gente que entra legalmente en el Reino Unido pero se queda de forma ilegal. El pueblo británico quiere que estas cosas sean resueltas’, añadió.

Como parte de su plan, Cameron dijo que presidirá una ‘fuerza especial’ sobre inmigración ilegal que coordinará el esfuerzo que hacen todos los departamentos para atajar el problema.