El empresario alemán Kim Dotcom sabrá este miercoles si Nueva Zelanda lo extradita a Estados Unidos, donde es requerido por piratería informática, tras una larga y compleja batalla judicial que comenzó con su detención en enero de 2012.

La justicia neozelandesa anunció hoy por sorpresa que el juez Nevin Dawson emitirá mañana el fallo sobre la petición de EEUU para extraditar al informático y a tres de sus exsocios, que se encuentran en libertad condicional desde marzo de 2012.

La justicia estadounidense acusa a Dotcom, fundador del clausurado portal Megaupload, y a sus exsocios Mathias Ortmann, Finn Batato y Bram van der Kolk, de trece delitos vinculados a la piratería informática, crimen organizado y lavado de dinero.

El juez deberá decidir si existen suficientes pruebas para que pueda haber un caso al que deban responder los acusados en EE.UU., sin pronunciarse sobre la posible responsabilidad de los ex directivos de Megaupload.

El siguiente paso le correspondería a la ministra neozelandesa de Justicia, Amy Adams, quien deberá decidir si se procede con la extradición.

Si la decisión es contraria a Dotcom y sus exsocios, tres de ellos con hijos pequeños, es probable que estos soliciten nuevamente la libertad condicional alegando un cambio en su estatus legal.

Estados Unidos pidió la extradición de Dotcom y sus socios poco después de que éstos fueran detenidos el 20 de enero de 2012 en la mansión que alquilaba el excéntrico empresario a las afueras de la ciudad neozelandesa de Auckland.

En aquel operativo orquestado por el FBI a los cuatro se les confiscaron sus bienes y congelaron sus cuentas.

Así se abrió una larga batalla legal en Nueva Zelanda para decidir si se le extraditaba a EE.UU., que se ramificó en diversos procesos salpicados por un escándalo de espionaje ilegal.

El juicio comenzó a finales de septiembre tras una decena de aplazamientos y se alargó durante diez semanas, seis más de lo previsto.

Los abogados sostuvieron que no podían hacer una defensa adecuada al no poder financiar la declaración de expertos estadounidenses debido a que el FBI congeló los fondos de los acusados, que no pueden usarse en EE.UU.

La defensa basó sus argumentos en el papel ‘crucial’ que tiene la tecnología y las ramificaciones de este caso en el futuro de internet, así como en deslindar la responsabilidad que tienen los servidores sobre la publicación de sus clientes de material ilegal.

‘Los gigantes como Google, Facebook y Twitter son inmunes a estas acusaciones y acusarlos (a Dotcom y sus socios) desencadenaría una indignación pública sin precedentes’, dijo el abogado de Dotcom, Ron Mansfield, durante el proceso.

Pero para la fiscal Christine Gordon, que representó a EE.UU., el caso ‘no se diferencia de otros casos de fraude sobre la propiedad de los derechos de autor’.

Según la acusación, un 90 % del material alojado por Megaupload violaba los derechos de autor e incluso acusó al portal de eliminar los enlaces URL con avisos para que se retirasen los contenidos ilegales.

Las autoridades estadounidenses creen que ese portal de descargas, que llegó a tener 50 millones de usuarios, logró un beneficio de unos 175 millones de dólares (159 millones de euros) por supuestamente alojar material ilegal.

Hasta ahora, de los siete miembros de Megaupload imputados en EEUU solo ha sido condenado el programador estonio Andrus Nomm, al que le impuso una pena de poco más de un año de cárcel en ese país, que ya ha cumplido, tras admitir que violó los derechos de autor.