El Tribunal Supremo de EE.UU. se mostró hoy, miercoles, dividido entre sus miembros liberales y conservadores sobre si algunos grupos cristianos deben estar exentos de proporcionar a sus empleados seguros de salud con cobertura de anticonceptivos, como preve la ley de salud del presidente Barack Obama.

Los jueces más liberales, capitaneados por las magistradas Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, chocaron frente a los conservadores Stephen Breyer, John Roberts y Samuel Alito, este último católico y que se hizo eco de la ‘amenaza sin precedentes’ para la libertad religiosa que dicen sufrir los demandantes.

Durante una hora y media, los magistrados evaluaron si una regulación de la reforma sanitaria de Obama, conocida por sus detractores como ‘Obamacare’, viola una ley federal aprobada en 1993 y destinada a proteger la libertad religiosa.

En concreto, los demandantes cuestionan una cláusula que fue creada por el Gobierno específicamente para los grupos religiosos, en los que se incluye a hospitales y universidades.

Esta regulación permite que los grupos religiosos informen al Gobierno, con la firma de un formulario, que no quieren cubrir los anticonceptivos con los planes de salud que están obligados a proveer y, entonces, el Ejecutivo toma el relevo y se encarga de que los empleados del grupo religioso reciban cuidados reproductivos.

‘No quieren firmar los formularios porque no quieren dar ningún tipo de autorización para que se proporcionen los anticonceptivos’, defendió ante los jueces el abogado Paul D.Clement, que representa a los grupos religiosos, entre los que destaca la congregación católica de las Hermanitas de los Pobres.

En su argumentación, Clement explicó que los religiosos no quieren verse implicadas de ninguna forma en los planes de salud, que permiten a las mujeres acceder sin la imposición de copagos a píldoras anticonceptivas, diafragmas, dispositivos intrauterinos (DIU) y píldoras anticonceptivas de emergencia.

Además, Clement defendió que el Ejecutivo debería buscar formas ‘menos restrictivas’ para salvaguardar las creencias de los religiosos sin imponerles ‘una carga substancial’ al obligarles a verse envueltos en los planes de salud con anticonceptivos.

Los argumentos de los demandantes fueron cuestionados en varias ocasiones por la jueza Sonia Sotomayor, hispana y de perfil progresista.

‘Si cada vez que el Gobierno aprueba una ley sale alguien con creencias religiosas y dice que la ley le impone una carga sustancial a sus creencias, entonces cuándo se va a acabar esto? cuándo el Gobierno va a poder actuar?’, preguntó Sotomayor a los abogados de los demandantes.

La inesperada muerte del juez conservador Antonin Scalia ha dejado al Tribunal Supremo con ocho jueces, cuatro liberales y cuatro conservadores.

En caso de empate, los ocho magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que beneficiaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se haya incorporado a la corte.