El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó hoy, martes, entregar una lista con los nombres de 50,000 jóvenes indocumentados beneficiados por el programa de Acción Diferida (DACA), tal y como había solicitado el juez federal de Texas Andrew Hanen.

Los abogados de la Administración del presidente Barack Obama solicitaron al magistrado texano, el mismo que suspendió las medidas migratorias decretadas en 2014 por el gobernante, que reconsidere su petición del pasado 19 de mayo.

En un escrito presentado ante la sala de Hanen en Brownsville (Texas), el Gobierno estadounidense considera que ‘las sanciones impuestas exceden la autoridad del tribunal e imponen un daño injustificado e irreparable al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional y a miles de inocentes’.

El Departamento de Justicia, además, anunció que elevará la petición al Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans (Luisiana) y jurisdicción sobre Texas, en caso de que Hanen no reconsidere su posición.

El listado requerido por Hanen debe incluir los datos de los jóvenes indocumentados beneficiados por el DACA en 2012 y que en 2014 recibieron una renovación de tres años, en vez de dos, como establecía la normativa.

Extender el alivio migratorio de dos a tres años fue una de las modificaciones que Obama introdujo en el programa DACA en noviembre de 2014, cuando también proclamó el plan Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) para frenar la deportación de los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente.

Los dos programas fueron suspendidos temporalmente por Hanen en febrero de 2015 y ahora están siendo estudiados por el Tribunal Supremo, que emitirá una decisión posiblemente en junio.

Aunque Hanen paralizó las dos medidas, el Gobierno concedió a miles de jóvenes indocumentados una renovación del programa DACA por tres años, en vez de por dos, prolongando así la autorización para residir provisionalmente en Estados Unidos y obtener un permiso temporal de trabajo.

Los abogados del Gobierno reconocieron que se había cometido un error y modificaron los beneficios de tres años, pero Hanen les acusa de actuar malintencionadamente y de intentar saltarse la ley.

Por ello, el magistrado también pidió clases de ética para los abogados del Departamento de Justicia y ordenó sanciones para aquellos que han defendido en los tribunales las medidas migratorias que proclamó Obama para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados.

En el escrito presentado hoy, el Departamento de Justicia sostiene que las acusaciones de Hanen son infundadas y que sus abogados actúan con ‘altos estándares de conducta ética y profesionalismo’.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), León Rodríguez, afirmó que entregar la información solicitada por Hanen ‘requeriría una violación sin precedentes del compromiso de confidencialidad’ que adquiere el organismo con millones de inmigrantes.

Según Rodríguez, la divulgación de los datos tendría un ‘efecto negativo’ sobre la disposición de los inmigrantes a solicitar beneficios del USCIS, algo ‘preocupante’ teniendo en cuenta que ‘no están acusados de haber participado en ningún delito’.