El Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluó hoy la legalidad del anticuado metodo que el estado de Texas utiliza para determinar si una persona sufre discapacidad mental y si debe o no estar exenta de recibir la pena de muerte.

Los ocho jueces en activo del alto tribunal evaluaron hoy durante una hora el caso de Bobby James Moore, un hombre de 57 años con un coeficiente intelectual bajo y que fue condenado a muerte por el asesinato de un empleado de una tienda de comestibles al que disparó durante un robo a mano armada en 1980.

La audiencia examinó si Texas, estado líder en ejecuciones, tiene derecho a hacer caso omiso de los nuevos descubrimientos médicos y definir la discapacidad mental en base a criterios de 1992 de la Asociación de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), que en 2010 actualizó su definición sobre ese desorden.

‘Texas ha adoptado un enfoque único que prohíbe el uso de normas médicas y se basa en estereotipos’, recriminó durante la audiencia Clifford Sloan, el abogado de Moore.

La defensa del acusado trata de revertir el fallo de la máxima corte criminal de Texas, que determinó que Moore debía ser ejecutado porque ‘el consenso de los ciudadanos de Texas’ determina que no todos los que cumplen con la definición de ‘retraso’ de los ‘servicios sociales’ deberían estar exentos de la pena de muerte.

En la audiencia, Sloan afirmó que la corte de Texas cometió errores al evaluar las capacidades mentales del acusado, usó criterios ‘inmorales’ e ignoró estándares médicos actuales que sirven para definir la discapacidad mental.

El acusado, que ha pasado 36 años en el corredor de la muerte, tiene un coeficiente intelectual muy bajo y cuando tenía 13 años era incapaz de distinguir los días de la semana, identificar las estaciones del año, no podía leer ni escribir y tampoco decir qué hora era, según la defensa.

La defensa no cuestiona la culpabilidad de Moore, pero alega que debería conmutársele la pena capital porque, de aplicarse, contradiría otra sentencia de 2002 en la que el Tribunal Supremo determinó que la Constitución prohíbe los castigos crueles e inhumanos e impide la ejecución de personas con discapacidad mental.

No obstante, en ese fallo y otro posterior, la corte no detalló qué criterio debería usarse para determinar si alguien sufre una discapacidad mental y dejó ese trabajo a los estados.

Precisamente, en representación de Texas, el abogado Scott Keller defendió la discrecionalidad del estado para usar su propio método, que data de 1992 y está estructurado en tres fases.

La primera fase evalúa la capacidad de un preso para interactuar con otros y cuidar de sí mismo, mientras que la segunda etapa está destinada a determinar si los problemas en la socialización y en la atención a uno mismo se manifestaron antes de los 18 años.

El tercer punto consiste en una prueba de coeficiente intelectual, de forma que si un preso tiene un coeficiente de 70 o inferior se considera que tiene discapacidad mental.

Moore se sometió a tres exámenes de coeficiente intelectual antes de abandonar la escuela y obtuvo una puntuación de 57, 77 y 78, una cifra que le sitúa en el rango de discapacidad mental según los estándares actuales de la AAIDD.

Las dos partes del caso coinciden en que Moore tuvo una infancia y adolescencia difícil, pues con 17 años ya había recibido condenas por cuatro crímenes, su padre le echó de casa y tuvo que vivir en las calles, donde llegó a comer de cubos de basura y desarrolló una adicción a las drogas y el alcohol.

Su vida alcanzó un punto de inflexión en abril de 1980, cuando con 20 años entró con dos hombres en un supermercado de Houston (Texas) y mató de un disparo en la cabeza al anciano James McCarble, que trabajaba en la tienda de comestibles y en el momento de su muerte tenía más de 70 años.

En teoría, el caso no influirá en la legalidad de la pena capital, pero cuestiona su protección a nivel federal porque abre el debate sobre la posibilidad de que exista una ley uniforme para determinar quién puede ser objeto de la pena capital, según resaltó durante la audiencia el juez Stephen Breyer.

En el corto plazo, la decisión de los magistrados determinará si Moore debe de ser ejecutado y si los estados deben guiarse por los últimos hallazgos médicos para definir la discapacidad intelectual.

Desde que el Tribunal Supremo reinstaurara la pena de muerte en 1976, el país en conjunto ha ejecutado a 1.440 personas, y Texas a 537, siendo este el estado donde más ejecuciones se han practicado, según un informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.