El plan anunciado por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para desligarse de sus negocios privados plantea dudas sobre la posibilidad de que sea muy difícil, si no imposible, evitar conflictos de intereses.

Trump llegará a la Casa Blanca, el 20 de enero, ‘con más conflictos de intereses que cualquier otro presidente en la historia’, afirmó hoy el profesor de derecho de la Universidad de Minesota Richard W. Painter.

En una rueda de prensa que ofreció el miércoles, la abogada de Trump Sheri Dillon hizo una larga disertación sobre las medidas legales adoptadas por Trump con el fin de aislar sus negocios privados de su gestión presidencial.

Pocas personas han llegado a la Casa Blanca con tanta riqueza como Trump, que ha venido forjando en las últimas décadas un imperio inmobiliario y otros activos calculados en unos 1.500 millones de dólares, con unos ingresos anuales de unos 160 millones.

Pero existen pocas certezas sobre estos dineros, ya que Trump se ha venido negando a dar a conocer las liquidaciones de impuestos de los últimos años, que podrían indicar cuán rico verdaderamente es, cómo se reparten sus propiedades y cuánto ingresa anualmente.

La exposición de Dillon del miércoles fue seguida horas después por un documento de seis páginas de la firma Morgan Lewis, que asesora a Trump, en el que se detallan las acciones que se han adoptado o se van a adoptar.

Los activos de la firma The Trump Organization, que comprende un centenar de empresas, se integrarán en un fideicomiso que, durante el mandato de Trump, será manejado por dos de sus hijos, Eric y Donald Jr., y el ejecutivo de la firma Allen Weisselberg.

Del equipo gestor dependerá un Asesor Ético, cuya firma será requerida para todas las acciones de negocios ‘que pueden representar preocupaciones éticas o de conflictos de intereses’, según el documento.

Ese fideicomiso no podrá llegar a acuerdos en el extranjero y los negocios en Estados Unidos llevarán un ‘riguroso proceso’ de revisión, sin que Trump, ya como presidente, pueda tener voz ni voto en sus decisiones.

También establece límites en la información que reciba Trump sobre los acuerdos que haga ese fideicomiso. Es decir, supuestamente el presidente Trump no podrá hablar de negocios con sus hijos y tampoco les dará información oficial que no sea pública.

La primera reacción contundente sobre estos compromisos no se dejó esperar, y estuvo a cargo del director de la Oficina de Éticas Gubernamentales, Walter M. Shaub, quien dejó claro que lo prometido por Trump ‘no cumple con los estándares’ necesarios.

‘No podemos arriesgarnos a crear la percepción de que los líderes gubernamentales podrían usar su posición oficial para beneficiarse’, sostiene Shaub en una respuesta de 4 páginas al plan presentado en la víspera por Trump.

‘Desafortunadamente, el plan actual no consigue el objetivo’ de evitar un conflicto de intereses, insiste Shaub.

Tanto él como otros expertos han venido insistiendo en que Trump sólo tenía dos soluciones para aislar sus negocios de su Presidencia: o liquidaba sus propiedades o las colocaba en un fideicomiso ‘ciego’ administrado por terceras personas.

Trump no ha hecho ni uno ni lo otro. ‘Sus hijos van a seguir operando el negocio, y, por supuesto, él sabe lo que posee’, afirmó Shaub, defendiendo unos argumentos que han sido criticados duramente por fuentes del equipo de transición presidencial.

‘Cualquier cosa distinta a lo que se ha anunciado es ridícula’, afirmó hoy Sean Spicer, portavoz de Trump, y también recordó que, por ley, Trump no está obligado a desligarse de sus negocios privados, aunque los miembros de su gabinete sí.

‘Las medidas que ha tomado y las que está tomando son extraordinarias. Están por encima (de lo que debiera) y no puede haber un conflicto de intereses’, agregó Spicer refiriéndose a los comentarios hechos horas antes por Shaub.

Los expertos han venido insistiendo en que la figura de un fideicomiso ‘ciego’ puede aplicarse para activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros, pero en el caso de Trump son negocios inmobiliarios, que son gestionados continuamente.

A ello se une el hecho de que los administradores del fideicomiso creado no son terceras personas, desligadas a él, sino sus propios hijos, de total confianza, que han venido actuando como asesores del presidente electo en toda la campaña electoral.

Painter, el profesor de la Universidad de Minesota, se preguntó hoy en las páginas de The New York Times qué habría pasado si en 1941 el entonces presidente, Franklin D. Roosevelt, hubiera tenido propiedades inmobiliarias en Berlín o Tokio.

Trump ‘simplemente ha traspasado sus negocios a un fideicomiso elegido por él y sus dos hijos. Esto para nada es una separación, y desde el punto de vista de conflictos de intereses, no va a funcionar’, insistió Painter.