Washington – La Casa Blanca defendió hoy la decisión del presidente Donald Trump de despedir a la fiscal general interina, Sally Yates, por cuestionar el veto a inmigrantes y refugiados, y advirtió contra futuros disensos dentro del gabinete, cuya misión principal debe ser ‘cumplir’ la agenda del mandatario.

Yates, quien ordenó a sus subordinados en el Departamento de Justicia no defender en los tribunales el veto impuesto por Trump, con el argumento de que no estaba ‘convencida’ de que la medida del presidente sea ‘legal’, fue ‘lícitamente apartada’ del cargo, según explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Como fiscal general en funciones, a Yates ‘se le exige ejecutar órdenes legales’ y optó por no hacerlo ‘en un tono desafiante’, sostuvo Spicer.

Según el portavoz, si Yates llegó a la conclusión de que no podía defender la orden firmada por Trump el viernes y que prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos de todos los refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, debería haber renunciado al cargo.

Eso no ocurrió y Trump decidió este lunes despedir de manera inmediata a Yates, a la que acusó de haber ‘traicionado’ al Departamento de Justicia, y a la que llamó ‘débil’ en lo que a seguridad fronteriza se refiere y ‘muy débil’ frente a la inmigración ilegal.

Durante la rueda de prensa, un periodista preguntó a Spicer si la salida de Yates es una señal de lo que puede ocurrir en el futuro si algún otro miembro del gabinete se niega a seguir una directiva del presidente.

‘No se trata de unirse al Gobierno para ejecutar las ideas o iniciativas de cada uno’, afirmó Spicer al anotar que la misión de los miembros del gabinete, jefes de agencia y personal designado por Trump es ‘cumplir’ la agenda del mandatario.

Y ‘si no les gusta, entonces no deberían aceptar el trabajo’, añadió el portavoz.

A la espera de que el Senado confirme al nominado de Trump, el senador republicano Jeff Sessions, el nuevo fiscal general en funciones es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia y quien se declaró ‘honrado’ de trabajar para el Gobierno del magnate.

De hecho, inmediatamente después de jurar el cargo este lunes, Boente instruyó al Departamento de Justicia para hacer cumplir la orden sobre inmigrantes y refugiados de Trump.

Por otro lado, el Comité Judicial del Senado celebró hoy una sesión en la que preveía votar sobre la confirmación de Sessions.

El presidente de ese comité, el senador republicano Chuck Grassley, comenzó la sesión urgiendo a sus colegas a no demorar por más tiempo la confirmación de Sessions, de quien dijo que ‘aplicará la ley con independencia e integridad’ al frente del Departamento de Justicia.

Mientras, la senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango del comité, expresó su preocupación por el grado de ‘partidismo’ demostrado, a su juicio, por Sessions.

Feinstein se preguntó si, de ser confirmado, Sessions apoyará las ‘amplias y destructivas’ órdenes ejecutivas de Trump y hará cumplir acciones del presidente que ‘puede que violen la Constitución’.

Los demócratas hicieron uso de una maniobra de procedimiento para aplazar el voto sobre Sessions en el comité al menos hasta este miércoles, en protesta por el despido de Yates y el veto de Trump a inmigrantes y refugiados.

Por su parte, los demócratas que integran el Comité de Finanzas del Senado también boicotearon hoy el voto sobre los nominados de Trump para ocupar las carteras de Salud y el Tesoro, Tom Price y Steven Mnuchin, respectivamente.

Sin hacer mención a las críticas y la polémica por el despido de Yates y su orden ejecutiva contra refugiados e inmigrantes, Trump atacó hoy a los demócratas en su cuenta personal de Twitter por no haber confirmado todavía a Sessions y a otros miembros de su gabinete. ‘Cuándo los demócratas nos darán a nuestro fiscal general y al resto del gabinete! Deberían avergonzarse de sí mismos!’, enfatizó.

El mandatario adelantó a hoy el anuncio, previsto en principio para el jueves, de su candidato para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo abierta tras la muerte en febrero de 2016 del juez conservador Antonin Scalia, con el aparente objetivo de que la controversia sobre sus últimas decisiones pase a un segundo plano.