La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que la Ley sobre terrorismo aprobada recientemente por el Parlamento de Nicaragua pueda usarse para criminalizar la protesta pacífica.

‘El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta’, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada el pasado lunes e impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por el delito de ‘terrorismo’.

Colville puntualizó, además, que la ley fue aprobada por un Congreso ‘casi totalmente controlado por el Gobierno’.

Precisamente, el portavoz pidió a las autoridades que informen sobre el paradero de los defensores de los derechos humanos Medardo Maireno y Pedro Mena, ‘quienes podrían ser víctimas de desapariciones forzadas’, denunció.

Ambos fueron detenidos el pasado viernes en el aeropuerto de Managua y desde entonces las autoridades no han informado sobre su paradero a pesar de haber peticiones judiciales expresas al respecto.

‘Vemos una tendencia a criminalizar a defensores de los derechos humanos o a gente simplemente por el hecho de participar en protestas’, dijo Colville.

Y explicó que la Policía ha acusado a Maireno de haber asesinado a varios oficiales y lo ha tildado de ‘terrorista’.

El portavoz destacó que mañana se cumplen tres meses desde que comenzaron las manifestaciones en Nicaragua, inicialmente contra la reforma de las pensiones y posteriormente evolucionaron hacia masivas protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

La violencia ha dejado más de 350 muertos y 1,830 heridos, ‘y ha sido ejercida mayoritariamente por el Estado y por elementos armados progubernamentales’.

Precisamente, Colville criticó la actuación de estas milicias progubernamentales que actúan impunemente ‘con el apoyo activo o tácito’ de las fuerzas de seguridad.

La Oficina del Alto Comisionado tiene personal sobre el terreno que ha registrado ‘una amplia gama de violaciones cometidas, lo que incluye asesinatos extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias’.

‘Ha habido incitación al odio y campañas de descalificación incluyendo a defensores de los derechos humanos. Y todo ello en un contexto en el que no se aplica el debido proceso’, subrayó.

Con respecto a los especialistas de derechos humanos de la ONU sobre el terreno, Colville dijo que han podido trabajar aunque limitados por la inseguridad y la violencia que reina en el país.

Este grupo de expertos ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno autorización para visitar las prisiones del país, especialmente El Chipote, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido, aunque Colville anunció que aparentemente hoy podrán entrar a la cárcel Modelo.

Finalmente, el portavoz alertó de que la violencia podría recrudecerse el jueves 19, cuando se conmemora el día en que el dictador Somoza fue depuesto en 1979 por los sandinistas.