Ya van más de tres meses en protestas.

Un nuevo ataque de las ‘fuerzas combinadas’ del Gobierno de Nicaragua dejó al menos 3 muertos en la zona norte del país, informaron hoy los manifestantes ‘autoconvocados’ de la ciudad de Jinotega.

El ataque, que se extendió por más de 8 horas entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, ocurrió en el barrio Sandino, de Jinotega, 163 kilómetros al norte de Managua, conocido como ‘el Monimbó del norte’, debido a la fuerte resistencia ante el Gobierno de Daniel Ortega.

‘Esta es la normalidad de la que habla Daniel’, dijo uno de los denunciantes, en un mensaje público, en el que mostró las fotografías de las víctimas.

La diócesis de Jinotega confirmó el ataque del Gobierno, y el sacerdote Carlos Enrique Herrera ingresaría esta mañana al barrio Sandino, para conocer la situación.

Este es el más reciente de los ataques perpetrados por el Gobierno nicaragüense en los últimos tres meses, y que abarcan casi todas las ciudades del Pacífico de Nicaragua, así como del norte, centro, sur a Caribe norte.

Datos de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales indican que entre 277 y 351 personas han muerto como producto de la represión en Nicaragua, miles han resultado heridas, y más de 700 han sido ‘secuestradas’ por paramilitares y llevadas a cárceles de la Policía Nacional.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas ‘asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias’.

El Gobierno de Nicaragua ha rechazado cada uno de los señalamientos.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la decada de 1980, con Ortega tambien como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, despues de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.