El rey emérito está bajo la investigación de las autoridades en Ginebra y del Tribunal Supremo español.

El rey emérito de España, Juan Carlos I, comunicó este lunes a su hijo el rey Felipe VI su decisión de vivir fuera de España ante las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza, que amenazaban con deteriorar la imagen de la monarquía en el país.

Juan Carlos de Borbón, de 83 años, trasladó su «meditada decisión» a su hijo por carta, según informó hoy la Casa Real española en un comunicado, en el que señala que el rey emérito lo ha hecho «con profundo sentimiento, pero con gran serenidad», por la repercusión pública de «ciertos acontecimientos pasados» de su vida privada.

«He sido rey de España durante casi cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona», asegura en la carta Juan Carlos I, quien a pesar de residir fuera del país seguirá perteneciendo a la Familia Real y mantendrá el título vitalicio que se le reconoció tras su abdicación en junio de 2014.

Con esta decisión el rey emérito pretende facilitar el ejercicio de las funciones de su sucesor: «Mi legado y mi propia dignidad como persona así lo exigen», señala en la misiva.

Según el comunicado, el actual monarca ha transmitido a su padre «su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión».

«El rey (Felipe VI) -reza el texto- desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico».

MANTIENE LA CONDICIÓN DE AFORADO

El anuncio de que Juan Carlos I se irá a vivir fuera de España culmina un período de deterioro de su imagen tras meses de una cascada de informaciones negativas sobre posibles negocios oscuros por su parte.

El debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado español se avivó en el último mes ante las nuevas informaciones sobre el presunto dinero oculto que el rey emérito tenía en Suiza y la donación que hizo de 65 millones de euros a su amiga, Corinna Larsen, al margen del fisco.

Estas actuaciones del anterior monarca están siendo sometidas a investigación de fiscalías de Ginebra (Suiza) y del Tribunal Supremo español.

Este último sería el único en poder juzgarlo por los delitos cometidos tras su abdicación en junio de 2014, ya que el hecho de residir fuera de España no afectará para que siga siendo aforado, condición que adoptó cuando perdió la inviolabilidad que le concedía su cargo de jefe de Estado.

A pesar de residir a partir de ahora en otro país, que la Casa Real no ha precisado, Juan Carlos I «permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna», según indicó hoy el abogado del monarca emérito Javier Sánchez Junco, en otro comunicado.

La Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando el origen de esos 65 millones de euros ingresados en Suiza en la fundación Lucum, radicada en Panamá, para determinar si eran comisiones abonadas por Arabia Saudí por la construcción del AVE a la Meca.

Una cantidad de dinero que fue transferida después a una cuenta en las Bahamas a nombre de Larsen.

El rey emérito abandona el Palacio de la Zarzuela tras más de 57 años viviendo en ese palacio en el que seguirá residiendo la reina Sofía, ya que la decisión de su marido no le afecta en nada y mantendrá su actividad institucional, según indicaron fuentes de la Casa Real.

DEL RESPETO A LA INDIGNACIÓN

Tras conocerse la decisión de don Juan Carlos, se han sucedido las reacciones de Gobierno y partidos.

En un breve mensaje, el Ejecutivo español expresó su respeto por el paso que ha dado, al tiempo que alabó el «sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado» a Felipe VI desde que llegó al trono.

Sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno, el izquierdista Pablo Iglesias, tachó de «indigna» la «huida» al extranjero del rey emérito.

«Deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder de sus actos en España y ante su pueblo», exigió el también líder de Unidas Podemos.

El opositor Partido Popular (PP) mostró su respeto por la marcha de Juan Carlos de Borbón, a quien reconoció su «fundamental contribución» a la democracia.

De igual modo, el PP destacó «la labor ejemplar» de Felipe VI y el papel clave de la Corona como «símbolo de la unidad» de España.

También el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) reconoció el papel «histórico» que el rey emérito de España desempeñó durante su reinado y su impulso al «desarrollo de la comunidad iberoamericana», además de agradecer su «defensa de las libertades y la democracia».