El líder opositor y otros 27 exdiputados del Parlamento están imposibilitados de volver al servicio público por los próximos 15 años

La Contraloría General de Venezuela inhabilitó este martes al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años, tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores.

El contralor venezolano, Elvis Amoroso, dijo en una alocución transmitida por la televisión pública VTV que Guaidó y los otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores del opositor, «algo tienen que ocultar» al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.

«Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos», añadió el funcionario sin ofrecer detalles.

Entre los inhabilitados se encuentran el exdiputado Julio Borges, que ejerce como comisionado de Guaidó para las relaciones exteriores, o Sergio Vergara, quien fuera mano derecha del líder opositor.

«Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador, que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público», prosiguió Amoroso.

Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela, no reaccionó de manera inmediata a la noticia, pero se estima que la rechazará, puesto que el líder opositor asegura que mantiene su cargo como diputado, que de acuerdo con la Constitución expiró el pasado 5 de enero al instalarse un nuevo Parlamento, que controla con abrumadora mayoría el chavismo.

Guaidó y otros exdiputados se reúnen bajo una instancia denominada comisión delegada, una figura que pusieron en marcha en diciembre pasado para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento.

El dirigente decidió usar esta instancia como una forma de dar validez a sus decisiones, tras considerar que las elecciones legislativas que se celebraron en diciembre pasado carecían de estándares democráticos y por ello su coalición no participó.

La comisión, una figura que el Parlamento activa cuando se encuentra en período de receso, es reconocida por algunos países como Estados Unidos o Colombia, pero en Venezuela ha perdido su validez ante la instalación del nuevo ente Legislativo que es controlado por el chavismo.