En un voto unánime, la corte consideró que la policía violó los derechos de un hombre de California.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este miércoles que la policía no puede irrumpir en una casa sin una orden judicial cuando persigue a alguien por un delito menor.

En un voto unánime, la corte consideró que la policía violó los derechos de un hombre de California al entrar en su garaje cuando lo seguía por poner música a un volumen alto mientras conducía por una carretera desierta por la noche.

La jueza Elena Kagan, encargada de redactar la opinión del Tribunal en este fallo, escribió que la policía debería evaluar caso por caso para ver si hay una emergencia que requiera la irrupción en un domicilio privado.

«En muchas ocasiones, el agente puede tener una buena razón para entrar -para prevenir un daño inminente con armas, la destrucción de pruebas o una huida de la casa», señaló el Supremo.

«Pero cuando el agente tiene tiempo de conseguir una orden judicial -agregó-, debe hacerlo, incluso si el infractor ha huido».

Un tribunal de menor instancia había establecido anteriormente que no era necesaria una orden judicial en el caso de Arthur Lange, el conductor que puso música a un volumen alto por la noche y que había tocado la bocina de su automóvil.

Un agente, al considerar que Lange había violado las ordenanzas contra el ruido, lo siguió y encendió las luces de su vehículo para que el supuesto infractor se detuviera.

Pero Lange continuó y se metió en el garaje de su casa. Más tarde dijo que no había visto las luces de la policía.

El agente irrumpió en el garaje poniendo un pie en el sensor de la puerta para que se abriera automáticamente, sin disponer de orden judicial, y una vez dentro arrestó a Lange.

Ese policía alegó también que el aliento del acusado olía a alcohol, así que lo detuvo por haberse saltado la ordenanza del ruido y por conducir ebrio.

Lange apeló durante todo el proceso judicial hasta llegar al Tribunal Supremo, defendiendo que el policía no tenía derecho a entrar en su casa sin una orden judicial y de que las pruebas para inculparlo por conducir bajo los efectos del alcohol habían sido obtenidas ilegalmente.