Las imágenes de robos a punta de pistola en restaurantes y comercios, así como los atracos callejeros en los que los ladrones actúan hasta el punto de asesinar ciudadanos, son las constantes en los últimos meses.

Los problemas de seguridad que viven las principales ciudades de Colombia, principalmente Bogotá, derivaron esta semana en el despliegue de 360 militares para ayudar a disminuir los índices de criminalidad, especialmente los hurtos, que tienen en zozobra a la ciudadanía que pide medidas efectivas.

Las imágenes de robos a punta de pistola en restaurantes y comercios, así como los atracos callejeros en los que los ladrones actúan hasta el punto de asesinar ciudadanos, son las constantes en los últimos meses en un país que recién se está recuperando de los estragos económicos de la pandemia de covid-19.

Justamente casi medio millón de colombianos ingresaron a una condición de pobreza multidimensional durante 2020 principalmente por los efectos de la pandemia del coronavirus, según reveló a principios de mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

CIFRAS DE INSEGURIDAD EN BOGOTÁ

Según las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre enero y agosto pasado fueron registrados 65,207 hurtos a personas, 12,116 más que en el mismo periodo de 2020.

Igualmente se dispararon los hurtos de vehículos, que pasaron de 2,037 en los primeros ocho meses de 2020 a 2,204 al mismo periodo del año pasado; de teléfonos móviles, de 30,330 a 35,781, y de motocicletas, de 2,131 a 3,021.

Entre tanto cayeron los robos de bicicletas, de 7,146 a 6,542; a comercios, de 8,253 a 5,515, y de residencias, de 5,299 a 4,922.

Es por ello -y por la alarma en la ciudadanía- que el Gobierno desplegó el miércoles en Bogotá a unos 360 soldados de la Policía Militar, que no puede atacar si no se ve amenazada, para que hagan patrullajes y refuercen la seguridad de la ciudad.

¿ES ÚTIL EL DESPLIEGUE MILITAR ANTE LA INSEGURIDAD?

Para Javier Rincón, director del Observatorio de Derecho Militar de la Universidad Javeriana, el despliegue en las calles de esta fuerza que ejerce el «control policivo» de militares y civiles que trabajan en las Fuerzas Militares es una medida que tiene como principal implicación que creará «una lógica disuasiva» frente a los violentos.

«La sola presencia de la autoridad ya lógicamente desincentiva al delincuente porque lo obliga a tener más estrategias para poder delinquir (…). Pero creo que en el mediano plazo la situación no pareciera pintar tan alentadora porque una cosa es la presencia disuasiva y otra muy diferente el momento en que la Policía Militar se vea obligada a utilizar la fuerza», explica.

Precisa que ahí las implicaciones son distintas porque cree que esta idea de cooperación está «por fuera de las lógicas de la figura de asistencia militar y deja un poco en el limbo las reglas y protocolos de acción que debería seguir la Policía Militar para efectos de apoyar a la Policía».

La figura de la asistencia militar, utilizada en el paro nacional de este año para controlar la situación de orden público por las protestas, justamente puede aplicarse cuando hay una «grave alteración» de seguridad, así como para enfrentar emergencias o calamidades públicas.

DESARTICULACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES

La situación también ha dejado a la vista un problema que hace más difícil hallar una solución al problema: la falta de articulación entre la Alcaldía de Bogotá y la Policía.

Precisamente, la alcaldesa Claudia López insiste en que quien lidera a la Policía de Bogotá es el ministro de Defensa, Diego Molano, y no ella, como aseguró que iba a ser antes de asumir el cargo.

«El jefe de la Policía es el ministro de Defensa. Yo le puedo pedir el favor y el ministro lo sabe. Le puedo citar cuatro años de discursos diciendo que Bogotá necesita diez mil policías. ¿Cuándo se los pedí me los dio? No», dijo López esta semana en una entrevista con la emisora Blu Radio.

Entre tanto, Molano trabaja con las autoridades policiales y militares en la ejecución de las medidas provisionales desplegadas para atender una crisis de seguridad cuya salida, de momento, no se ve clara y ante la cual no hay claridad sobre las propuestas de largo plazo para atenderla.