Se trata del primer país centroamericano con un marco legal de este tipo.

Panamá legalizó el uso medicinal y terapéutico del cannabis mediante una norma que regula la importación, exportación y cultivo de la planta y crea un registro de personas autorizadas para utilizarla con esos fines, convirtiéndose en el primer país centroamericano con un marco legal de este tipo.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, firmó el proyecto de ley 153 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, el cual había sido aprobado por el Parlamento unicameral el pasado 30 de agosto.

«La sanción de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, crea un marco regulatorio para el uso y acceso vigilado y controlado; con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación, en el territorio nacional», publicó el presidente panameño en su cuenta de Twitter.

Según la información oficial difundida este jueves, la ley regula la evaluación, seguimiento y control de las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, análisis de laboratorio, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, disposición final, uso de las semillas debidamente autorizadas para siembra de la planta de cannabis, así como de derivados del cannabis medicinal, para fines médicos, terapéuticos, veterinarios, científicos y de investigación».

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) informó en agosto pasado que la norma establece que el Ministerio de Salud (Minsa) podrá definir el número de licencias de fabricación de derivados de cannabis medicinal pero que, como medida preventiva, «hasta cinco años (después) de promulgada la ley, solo podrán ser autorizadas hasta siete licencias (…) a fin de supervisar y monitorear el desarrollo del mercado interno».

«Después de cumplido el plazo de cinco años descrito anteriormente, no podrá reducirse el número de licencias previamente aprobadas», dijo el Parlamento en un comunicado.

La norma establece que la importación de derivados del cannabis medicinal «solo podrá ser otorgada con el fin de suplir a los pacientes del Programa de Uso de Cannabis y el mercado nacional», y que se «prohíbe, terminantemente, la comercialización de productos derivados de cannabis medicinal a domicilio o vía internet dentro del país».

El diputado y presidente de la AN, Crispiano Adames, dijo entonces «que los mayores beneficiarios serán esas personas que experimentan con el dolor día a día».

Adames destacó que la norma «velará por el mantenimiento de costos accesibles en cuanto a productos derivados de cannabis medicinal», y que establece un consejo técnico que tendrá a dos representantes de organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas.

Además, la ley autoriza al Minsa a crear el Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, con el fin de promover la investigación y se promuevan iniciativas educativas y el uso adecuado, indicó un comunicado de la AN.