A pesar de las cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos.

El Gobierno de El Salvador pedirá nuevamente a la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, la ampliación del régimen de excepción, a pesar de las cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos, informó la Presidencia en Twitter.

«El Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad. Luego de analizar los resultados de los dos meses del Régimen de Excepción, pedirán al Consejo de Ministros que solicite a la Asamblea Legislativa su prórroga», publicó la Presidencia poco después de la medianoche de este miércoles.

El Congreso de El Salvador decretó el régimen, que suspende derechos constitucionales, a finales de marzo tras una ola de violencia que se cobró la vida de 87 personas en los días más mortíferos de la administración de Bukele, próxima a cumplir tres años de gestión.

De acuerdo con una investigación periodística de El Faro, esta escalada se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Ejecutivo y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).

Hasta el momentos, ni presidente Bukele ni ningún funcionario han aceptado o rechazado esta publicación.

El régimen de excepción suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

A pesar que la Constitución señala que la prórroga por 30 días se puede autorizar únicamente si se mantienen las causas que generaron la declaración y que la escalada de asesinatos se controló en los primeros días de dicho estado de excepción, el Parlamento aprobó el 25 de abril pasado su extensión.

La Asamblea Legislativa realizará hoy su sesión plenaria correspondiente a esta semana, pero se desconoce si la segunda ampliación del régimen será aprobado este día o si se convocará a una sesión extraordinaria antes del 28 de mayo, día en el que concluye la primera ampliación.

Según defensores de derechos humanos consultados por Efe, una nueva ampliación del régimen de excepción estaría «fuera del marco de la constitución», en momentos en los que en el país está «configurando una situación de lesa humanidad».

Para Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización humanitaria Cristosal, la Carta Magna no establece plenamente si la ampliación se puede dar por una única vez, por lo que se da a interpretaciones.

«Si siguen esa línea de querer justificarlo (con el alza de homicidios) siempre estaría fuera del marco constitucional», subrayó Ábrego, quien agregó que la Constitución se debe interpretar «en forma restrictiva cuando hay de por medio derechos humanos».

Solo Cristosal ha recibido más de 700 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, principalmente por detenciones arbitrarias.

En este marco, David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, advirtió recientemente que bajo las masivas detenciones de supuestos pandilleros, las autoridades también han arrestado a personas «que no son pandilleros y se les somete a graves sufrimientos y violencia de Estado».

«Creo que estamos en una situación donde ya se configura un escenario posible de lesa humanidad y que es un momento de alerta temprana que estamos tratando ya de lanzar a la comunidad internacional», apuntó Morales.

El martes, decenas de mujeres, provenientes de una zona campesina del oriente de El Salvador, pidieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la libertad de sus familiares detenidos bajo este régimen y denunciaron la arbitrariedad de los arrestos.

Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 34,500 supuestos pandilleros.