La movida puede incidir en cierre del gobierno.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a desestimar este martes algún tipo de intervención en la disputa sobre el programa migratorio de Acción Diferida (DACA), que actualmente protege de la deportación a 690,000 jóvenes indocumentados conocidos como ‘soñadores’ (dreamers).

En una breve notificación, el alto tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así la petición del Departamento de Justicia de EE.UU.

En la práctica, la decisión significa que el plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) sigue vigente y los servicios migratorios de EE.UU. deben seguir aceptando las peticiones de renovación de ese permiso migratorio, que frena la deportación de los jóvenes indocumentados y les permite trabajar.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó en noviembre al Supremo que evaluara distintos casos sobre la cancelación del mandatario de DACA, una petición en la que reclamó a la sala -de mayoría conservadora- que lo haga durante el actual periodo judicial, que se extenderá hasta finales de junio 2019, la legalidad de la eliminación del programa.

Tan reciente como el sábado pasado, Trump ofreció flexibilizar su postura sobre este programa a cambio de que los demócratas le dieran financiamiento a su proyecto de un muro en la frontera de Estados Unidos con Mexico para contener la migración.

DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en 2012 para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños; pero en septiembre de 2017 Trump acabó con este cuando aún amparaba a 690,000 personas.

En concreto, el Gobierno pidió al Supremo que examinase tres casos: uno de una corte federal en California, otro en Nueva York y otro en Washington.

Sin embargo, el Supremo decidió rechazar la petición, lo que supone un golpe para la Casa Blanca.

Esta no fue la primera vez que el Ejecutivo solicitó al Supremo estudiar esta disputa.

Antes, en enero de 2018, un tribunal federal decidió suspender la cancelación de DACA a nivel nacional y ordenó al Gobierno que siguiera aceptando solicitudes para inscribirse en el programa.

El Ejecutivo apeló entonces ante el Tribunal Supremo para que se posicionara al respecto, pero este consideró en febrero del año pasado que esa decisión debía recaer en la corte de apelaciones, que lo haría de forma rápida.

El pasado 17 de octubre, el Gobierno amenazó a una corte de apelaciones de California con volver a recurrir al Supremo si no emitía un fallo el pasado 31 de octubre, algo que no sucedió.

Estos tribunales de apelaciones no se han posicionado aún, razón por la que Trump ha argumentado en los últimos meses que no se están cumpliendo las condiciones previstas y que, por tanto, debería ser el Supremo quien aborde la disputa y emita una resolución ‘definitiva’.

Este fin de semana, se ha filtrado que los senadores republicanos presentarán una propuesta de ley para acabar con el cierre parcial de la Administración, que inició el pasado 22 de diciembre, que incluya una cláusula que otorgue a los ‘soñadores’ tres años más de amparo a cambio de 5,700 millones de dólares para el muro.

No obstante, los demócratas, que buscan una solución permanente para los jóvenes indocumentados, han rechazado frontalmente esta idea.