El 1 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo de León había denunciado que la intención de la Fiscalía era impedir que asuma como presidente el próximo 14 de enero y desde ese entonces, las acciones judiciales en su contra han incrementado.

Ciudad de Guatemala.- La Fiscalía de Guatemala lanzó su ataque final contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para evitar que tome posesión a poco más de un mes de su investidura, lo que ha sido, según la OEA, como un «intento de golpe de Estado» que amenaza la democracia de ese país.

El reciente golpe de la Fiscalía, dirigida por funcionarios sancionados por Estados Unidos, incluye dos supuestos casos penales presentados el pasado viernes: uno que pretende procesar a Arévalo de León por cinco delitos distintos y un segundo que busca anular los comicios de este año por supuestos delitos administrativos del Tribunal Supremo Electoral.

El 1 de septiembre, Arévalo de León había denunciado que la intención de la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, era impedir que asuma como presidente el próximo 14 de enero y desde ese entonces, las acciones judiciales en su contra han incrementado.

La ofensiva de la Fiscalía ha sido catalogada como un «golpe de Estado» por diversos actores como el senador demócrata de Estados Unidos Jesús García y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Además, la Fiscalía decidió lanzar nuevas acusaciones pese a que durante los últimos 70 días diversos sectores de la población se han volcado en protestas para exigir la renuncia de Porras Argueta y a nivel internacional se mantiene una observación permanente para que se respeten los resultados electorales.

Los dos supuestos casos

El golpe final de la Fiscalía se compone de dos casos.

El primero intenta anular al partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, al alegar que existieron firmas falsas en la formación de la agrupación en 2018. Además, se les acusa de delitos financieros por menos de $44,000.

La segunda parte de la acusación intenta anular los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto, aduciendo que el Tribunal Supremo Electoral cometió fallas administrativas.

A criterio del abogado y analista Edgar Ortiz, el marco legal de Guatemala no permite anular las elecciones a ninguna entidad y el plazo para presentar objeciones ya expiró”.

«El Ministerio Público lo que pretende es desconocer la ley y estamos ante una crisis seria», advirtió Ortiz, en sus cuentas oficiales.

Tensión hasta el día de cambio de mando

Pese a las advertencias internacionales, la incertidumbre y ataques de la Fiscalía podrían continuar, según diversos expertos.

Una de las garantías de los comicios es que la presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, garantizó que los resultados de los comicios están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.

Por su parte la OEA volverá a sesionar sobre la situación crítica de Guatemala la próxima semana para analizar las acciones de la Fiscalía que «ponen en riesgo el estado de derecho».

Desde el 12 de julio, la cúpula de la Fiscalía guatemalteca, sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, ha intentado revertir el triunfo electoral de Arévalo de León, pese a que la ley no le permite inmiscuirse en los resultados electorales.