El expresidente de la Cámara de Representantes, Jose Aponte Hernández, anunció el sábado que lanzará una investigación sobre las alegaciones de que la administración de Alejandro García Padilla intentó eliminar algunas disposiciones de la reforma de salud federal, conocida como ‘Obamacare’, incluyendo la regulación que obliga a toda empresa de seguros de salud, incluyendo al gobierno, a brindar cubierta a toda persona, sin distinción de condición preexistente.

Aponte Hernández también reclamó claridad por parte del primer ejecutivo sobre estas imputaciones y anunció el envío de una comunicación a la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, Kathleen Sebelius, para identificar las movidas hechas por el presente gobierno.

‘Nos ha llegado información que la administración de turno ha realizado gestiones, otra vez a espaldas del pueblo como es su costumbre, para eliminar algunas de las cláusulas del Patient Protection and Affordable Care Act, sin consultarlo ni informarlo a los ciudadanos. Hoy estamos exigiendo al Gobernador que aclare estas denuncias y nos informe la naturaleza de sus peticiones destinadas a despojar a miles de puertorriqueños de los servicios de un plan de salud’, indicó el líder estadista a través de un comunicado de prensa.

Las denuncias realizadas por el expresidente cameral surgen durante la conmemoración del natalicio del prócer puertorriqueño, doctor José Celso Barbosa, quien, además de ser político de avanzada, fue médico practicante y en muchas ocasiones ofreció sus servicios a la ciudadanía libre de costo.

‘Mientras Barbosa luchó toda su vida para que los puertorriqueños alcanzáramos la igualdad, incluyendo en los servicios médicos, el Partido Popular Democrático hace lo contrario. En cuartos oscuros y sin anunciarlo a nadie, van a la capital federal para quitarle a los ciudadanos de Puerto Rico unos derechos ya adquiridos. Les están quitando el derecho a la salud y la oportunidad de contar con un seguro médico’, señaló el representante por acumulación.

Aponte Hernández también adelantó que en los próximos días radicará una resolución para investigar las alegaciones que han surgido, y espera que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes atienda el reclamo con premura.

‘Queremos saber si la Comisionada de Seguros del Gobierno, Ángela Weyne, inició gestiones para que saquen del plan médico Mi Salud a miles de puertorriqueños de escasos recursos económicos. Según nuestra información, fue ella quien en mayo se comunicó con la oficina de Sebelius para solicitar la exclusión de la Isla en varias provisiones de la reforma. Si esto fuera cierto, Weyne tendrá que dimitir a su puesto inmediatamente’, enfatizó el otrora secretario general del Partido Nuevo Progresista.

Actualmente Mi Salud, el programa de seguros de salud gubernamental, cubre alrededor de 1.6 millones de vidas en todo Puerto Rico. El programa, cuyo costo anual ronda los $2 mil millones, es subsidiado casi completo por fondos federales a través de la Reforma.

Según Aponte, Mi Salud está bajo la lupa federal desde que la administración de García Padilla entregó todas las regiones de servicios a la empresa Triple-S este pasado junio.