Contrario a lo que ocurre en Estados Unidos, donde la Secretaria del Departamento de Salud es muy frontal en todo lo que tiene que ver con la implementación de las disposiciones del Affordable Care Act, mejor conocido como el Obamacare, en Puerto Rico su homólogo, el doctor Francisco Joglar, ha optado por delegarle estas funciones al gobernador, Alejandro García Padilla.

De hecho, el secretario aseguró que ‘en las próximas semanas’ el Gobernador anunciará las determinaciones de cómo se cumpliría con el Obamacare en la Isla.

De esta forma, Joglar evadió proveer detalles concretos sobre cómo esta administración piensa compensar las discrepancias que tienen los territorios con la implementación de ACA, si no es emulando un mandato individual y patronal ni estableciendo un Exchange Criollo para proveer subsidios a la población para que puedan acceder a un plan médico.

‘Es que nosotros lo estamos visualizando desde otro punto de vista (no con los mandatos ni el Exchange). Esos son pronunciamientos que al día de hoy no los puedo hacer, porque eso le compete al Gobernador hacerlo. Pero en las próximas semanas, el Gobernador pues estará haciendo los pronunciamientos, de la misma forma que hizo su declaración de que se había identificado la región oeste como el sitio en que se iba a llevar a cabo el plan demostrativo. Eventualmente, él anunciará cómo es que Puerto Rico le va a brindar el acceso universal a todos los clientes en Puerto Rico’, despachó Joglar a cuestionamientos de este diario digital.

Pero mientras Joglar no suelta prendas, las manecillas del reloj continúan avanzando, ya que el gobierno federal le ha dado hasta el 12 de agosto a Puerto Rico para que demuestre que, lo que se quiere hacer en la Isla, es acorde con las disposiciones de ACA. Obamacare tiene disposiciones que ya comenzaron a regir pero, las relativas al nuevo plan para los que ahora no tienen acceso a planes comienzan el 1 de octubre. Ya hay estados, como Colorado, que han iniciado hasta campañas de publicidad y portales de internet para que los ciudadanos estén orientados y puedan comprar el nuevo plan.

De otro lado, a preguntas de NotiCel, Joglar despachó los reparos que se han suscitado tras la firma de la Ley 69 del 2013, sobre limitaciones a la personas para la obtención de una cubierta de salud luego del período de suscripción garantizada, y la falta de competencia entre las aseguradoras en aspectos de costo de primas asequibles al crear una Asociación que las agruparía y que se entiende fomentaría un monopolio, entre otras cosas.

‘Todos esos comentarios que usted acaba de decir son conclusiones que no están adecuadamente documentadas con las acciones que está haciendo la administración. Pudiéramos estar cogiendo una a una, pero yo le aseguro que lo que usted acaba de expresar como que es un hecho, no tiene validez, no tiene fundamento, dentro del programa que tiene la administración planteado ante sí de cómo va a llevar a cabo esta accesibilidad de una cubierta básica en Puerto Rico’, puntualizó Joglar.

De un lado, el nefrólogo argumentó que ha habido ‘mucha desinformación’ al plantearse una limitación para que las personas no aseguradas o que quieran renovar su plan médico puedan hacerlo fuera del periodo de suscripción garantizada, que se ha dispuesto para este año del 1 de octubre del 2013 al 31 de marzo del 2014, sin evaluación de riesgo.

Este se reafirmó en el discurso empleado a inicios de esta administración de la intención de García Padilla de dar acceso a un sistema de salud al 8% de la población no asegurada, que en parte se piensa comenzar a atender con el plan piloto del modelo acceso universal en el área oeste, pero que también prevé otros mecanismos, del que no ofreció más detalles.

De acuerdo a Joglar, las legislaciones aprobadas hasta entonces, ‘lo que hacen es ordenar cómo es que ese proceso de ofrecer este acceso universal va a ocurrir. Pero no es el propósito el denegar, al revés, es cómo se hace accesible un seguro que al día de hoy no está disponible’.

Pese a esta aseveración, Joglar evadió asegurar que lo que se quiere hacer en la Isla contempla las mismas garantías y protecciones del ACA, ya que destacó que el país está excluido de ciertas aplicaciones de la reforma federal, como lo es el mandato individual.

Opina sobre el Consejo Renal

Aunque dijo no estar de acuerdo con la determinación de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) de no renovarle el contrato de arrendamiento al Consejo Renal de Puerto Rico (CRPR), de una propiedad ubicada en Bayamón, Joglar argumentó que ya no es mucho lo que pueda intervenir debido a que el asunto se está dilucidando en los tribunales.

‘La opinión en la que se basa esa acción de parte de ASSMCA no la comparto yo. Yo entendía que esto se pudo haber evitado. Hemos hecho los acercamientos necesarios para que esto se resuelva. Desafortunadamente, entiendo yo que el Consejo Renal tratando, como le corresponde, hacer valer sus derechos, trajo esto ante los foros judiciales, lo que complico la cosa, pues ya las iniciativas de mediación que eran las que a mí me interesaban que imperaran en todo esto, y que esto se pudiera resolver de forma adecuada, lo que se ha hecho es complicar más la situación’, determinó Joglar a la prensa.

A preguntas de NotiCel, el Titular de Salud, indicó que el contrato fue cancelado a principios de este semestre, debido a ‘una interpretación que se dio en la agencia (ASSMCA), de que el contrato era ilegal. Es un contrato que se firma durante la administración anterior’.

Joglar expresó que su postura es que se le devuelva al Consejo los $250 mil invertidos en la remodelación del local.

En cuanto a los pacientes que recibían los servicios en el lugar, el Secretario señaló que ‘estamos hablando principalmente de pacientes de trasplante de riñón. Son pacientes ambulatorios, no es que estamos hablando de que son pacientes encamados. Entiendo yo que la mayoría deben estar estable. Y yo confío que de alguna forma están recibiendo sus medicamentos, que es en parte en lo que se empeñaba el Consejo’.

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