MCS Health Management Options pidió el lunes que el Tribunal Federal declare inconstitucional la multa de $1,700 millones que le quiere imponer la Oficina del Procurador del Paciente por alegadas violaciones a la Carta de Derechos del Paciente, así como por la cancelación del contrato de Mi Salud en 2011, justo antes de comenzar el periodo de transición con la nueva aseguradora.

El abogado demandante, Salvador Antonetti, solicitó la protección federal ante el juez Juan Pérez-Giménez, debido a que alega que a su cliente se le han violado sus derechos constitucionales con la imposición de una multa excesiva – que es 500 veces más que el presupuesto de la oficina – y al violar la cláusula de debido proceso, ya que alegan que no se les ha permitido su derecho a vista.

El Procurador del Paciente, Carlos Mellado, reconoció, al salir de sala, que la multa era excesiva, pero reiteró que el caso no tenía precedente en Puerto Rico por tratarse de una sola compañía que ofrecía servicios a 850,000 beneficiarios. ‘Fueron 850,000 vidas afectadas’, comentó la licenciada HuaralíReyes. La multa recomendada es de $2,000 por cada paciente, a quien supuestamente no se le informó de los cambios de proveedores o beneficios que conllevaba el cambio de mando deMCS HMO a Triple S, en octubre de 2011.

‘La oficina no es quién para interpretar la ley. La labor de la oficina es ejecutarlas’, comentó Mellado al asegurar que la recomendación de la multa está dentro de los márgenes de hasta $5,000 que permite la ley por cada artículo que se haya violado.

Reyes intentó persuadir al Juez de que la intervención federal era innecesaria en este caso ya que los demandantes no habían agotado sus recursos en el proceso administrativo ante la OPP, puesto que aún no habían iniciado el proceso de vista en el cual les corresponde presentar la evidencia. ‘Sería una intromisión (del tribunal federal) al proceso que llevan a cabo las instituciones de salud pública’, comentó.

En septiembre del 2012, la OPP le notificó a MCS HMO que se disponía a emitir cinco multas independientes: $1,700 millones por cancelar el contrato de Mi Salud 30 días antes de comenzar el periodo de transición; $2 millones por no notificarle a 528 mujeres sobre la cancelación de contratos con 26 ginecólogos; $2.6 millones por violentar los derechos de libre selección de las pacientes; $5,000 por no notificar a la OPP de la cancelación del contrato, y otros $5,000 por no notificar con 24 horas con antelación acerca de la cancelación del contrato con Mi Salud.

Pérez-Giménez decretó una orden de restricción temporera de 30 días, en que las partes deben presentar sus minutas y argumentaciones por escrito previo a tomar su determinación.